Las autonomías con renta menor a la media recibirán el 66%, de los fondos de pensiones asistenciales

Aquellos colectivos que no están protegidos por la Seguridad Social ni incluidos en el proyecto de ley de las pensiones no contributivas "entrarán dentro de la competencia de las comunidades autónomas en un futuro no muy lejano", según declaró Adolfo Jiménez, secretario general de la Seguridad Social en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Estos subsidios corresponden al llamado Fondo de Asistencia Social y van dirigidos a los que no reciben ninguna prestación por jubilación, invalidez o desempleo. Según han denunciado los sindicatos, el 59% de los parados de larga duración no tienen ningún tipo de prestación.Para Adolfo Jiménez, "deberían ser las propias comunidades autónomas y las corporaciones locales las que, conociendo los núcleos de marginación, dieran las respuestas adecuadas dentro de las competencias que tienen de asistencia social". De este modo, las prestaciones sociales se asemejarían en cuanto a su gestión al sistema que llevan los países de la CE.

El papel de las autonomías en la gestión de la protección social en España se va a ir potenciando mediante las transformaciones previstas en los regímenes públicos de pensiones y servicios sociales, especialmente en lo que respecta a las prestaciones no contributivas. El proyecto de ley de estas pensiones, actualmente en el Parlamento, contempla que los 222.584 millones de pesetas que se destinarán a las pensiones serán gestionados por el Inserso y las comunidades autónomas competentes, mientras que los 105.526 millones de pesetas que van dirigidos a las asignaciones por hijo a cargo estarán en manos del Instituto Nacional de Seguridad Social.

En cuanto a la distribución de estos fondos, el secretario general de la Seguridad Social ha declarado que se realizará una "transferencia de recursos a las comunidades autónomas o zonas de niveles de renta igual o por debajo de las rentas medias, que corresponden al 48,5% de los españoles. Estas áreas recibirán el 66,6%. de las pensiones no contributivas frente al 33,47. que recibirán el resto de las comunídades, lo que afecta al 59,5% de la población española."

Las situaciones de fraude que pudieran surgir de la transformación del régimen de protección social serán combatidas por el Gobierno con "la base informática de la Administración" y la información que ahora se posee sobre los afiliados a la Seguridad Social, sin que se tomen medidas de "persecución policial" personalizada. Con este fin, el próximo septíembre se pondrá en marcha el banco de pensiones públicas, dependiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social.