La Admininistración rechaza los criterios favorables a la legalización de las drogas

La despenalización del tráfico de estupefacientes, una vieja idea para acabar con los males de la drogadicción, puesta de nuevo de actualidad por una reciente encuesta del semanario italiano L'Espresso, se observa con prudencia por diferentes representantes de sectores sociales relacionados en España con los problemas de las toxicomanías consultados por EL PAÍS. Mientras la Administración estudia el castigo para quienes consuman drogas en público, y es contraria a la despenalización, varios de los consultados consideran que la legalización de los estupefacientes sería una opción válida si su alcance fuese internacional.

"Es una solución utópica mientras todos los países no estén de acuerdo", manifiesta Pedro Capilla, presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, al que pertenecen los 30.000 licenciados de esta disciplina en España. Más de la mitad (unos 18.000) poseen una oficina de farmacia, y pagan muchas de las, consecuencias delictivas asociadas a la drogadicción: "Estamos, muy presionados por los toxicómanos. Se ejerce una violencia, directa contra el farmacéutico". "Si todos los países estuviesen de: acuerdo, no existiría el tráfico ilegal de estupefacientes", prosigue: Capilla, pero si esto no ocurre, se desviaría el consumo hacia. las naciones donde la droga estuviese despenalizada". "Creo que podría ser una posibilidad", dice: Capilla sobre la liberalización del narcotráfico si el acuerdo internacional se hiciese realidad."La despenalización, simplemente, no sería viable sin otra serie de medidas", cree Consuelo Ruiz Jarabo, de la progresista Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública (FADSP), que considera que hay que convertir el problema de la drogadicción en "una cuestión de salud pública", estudiar los aspectos sociológicos, psicológicos y culturales de las toxicomanías e "invertir más recursos en educación sanitaria". Ruiz Jarabo opina que el enfoque represivo "ha fracasado totalmente" y que la drogadicción se magnifica criminalizándola, "se la mete en un círculo represivo". Para salir de ello habría que establecer otro tipo de discurso, invertir en recursos sociales, "por ejemplo, establecer un salario para los desempleados, más barato que soportar el coste económico de los toxicómanos".

Isabel Ardid, jefa del departamento de información de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), piensa en una solución a medio plazo, que pasa por el incremento de la prevención y educación "para que disminuya la demanda". Cree que un acuerdo internacional que despenalice el consumo de drogas queda muy lejos. "La FAD es contraria a la legalización", asegura.

Todos los países

"La despenalización tendría que establecerse en todos los países, porque si no se concentraría el consumo", manifiesta José Ramón Bronet, director del Plan Nacional sobre Drogas de Cruz Roja Española. "Esta medida", prosigue, "incidiría sobre los más jóvenes, se les incitaría al consumo". "Que el sistema actual no funcione no vale para ir a otro que pueda ser peor", agrega prudente Bronet, quien considera que las medidas despenalizadoras no tienen posible marcha atrás, pero cree que si se protegiera a los jóvenes adecuadamente se podría pensar en la despenalización. "Soy partidario de que la sociedad abra un debate porque, a lo mejor, hay otras soluciones", concluye.

Alberto Berguer, presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, es contrario a las posibles medidas despenalizadoras. "Es una medida de irresponsabilidad social grave", afirma rotundamente.

Tomás Vidal, secretario general del sindicato CSIF-Prisiones, coincide en que la despenalización tendría que ser una medida internacional. "Si no, nos encontraríamos aquí con consumidores de todos los países. El 85% de los presos tiene problemas de droga, han delinquido para drogarse", manifiesta Vidal. Añade que su sindicato -que obtuvo en las últimas elecciones el apoyo del 48%. de los funcionarios de prisiones- no ha valorado oficialmente el problema. "De liberalizarse el tráfico de estupefacientes, es decir, dar al toxicómano su dosis como si fuera un paquete de Ducados, los atracos y los robos callejeros disminuirían radicalmente y el total de internos sería mucho menor".

Manoli Montero, coordinadora del grupo de Getafe de Madres Unidas Contra la Droga, que cuenta con unas 500 madres en Madrid, no apoya la tesis despenalizadora. "Las madres dicen que ¡naranjas! Claro, lo que quieren [los partidarios de la liberalización] es que no haya problemas en la calle, pero los chicos están hechos polvo".

Un debate pendiente

"No estamos en absoluto en contra de debatir en profundidad el tema", manifiesta María Jesús Manovel, subdirectora del Plan Nacional sobre Drogas (PND). "Seguimos manteniendo esta postura [la antidespenalizadora] de momento". Manovel califica de "debate-guadiana" la polémica antiprohibicionista, que surge de cuando en cuando desde los medios de comunicación, y considera que la legalización del narcotráfico "no haría, desde ningún punto de vista, desaparecer el tráfico clandestino".

"La legalización de sustancias que tienen una gran capacidad de crear adicción va en contra de los principios recogidos en la Constitución", agrega Manovel. "De momento, el consumo de drogas es marginal", pero ¿sería capaz de soportar esta sociedad a tres millones de heroinómanos, el mismo número que tiene de alcohólicos crónicos?".