El Poder Judicial reclama la devolución de las competencias que el PSOE entregó al Gobierno

Un sector del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las tres asociaciones judiciales coinciden en reclamar al Gobierno y al Parlamento nuevas competencias y la devolución de las que durante el mandato socialista fueron asignadas al Ministerio de Justicia. Estos sectores piden también que tales asociaciones participen en el proceso de elección parlamentaria de los 12 vocales de procedencia judicial del nuevo CGPJ, que se producirá en octubre de 1990. El PSOE es contrario a modificar la actual situación y el ministro de Justicia, Enrique Múgica, desea que cualquier innovación se realice a través de su departamento.

El sector más progresista del CGPJ -al que pertenece el presidente, Antonio Hernández Gil, el portavoz, José Luis Calvo, y el vocal Emilio Berlanga- logró introducir en la última Memoria remitida a las Cortes Generales, la propuesta de "una mayor participación" en la organización del poder judicial. El documento, cuya elaboración se atribuye a Berlanga, invoca el desánimo de los 21 consejeros ante una tarea "casi exclusivamente legitimadora y burocrática" y reivindica "la responsabilidad del diseño de la política judicial" para "este órgano constitucional del Estado" con "todas sus consecuencias". Francisco Granados, portavoz socialista en la Comisión de Justicia e Interior del Congreeso de los Diputados, no ofreció una respuesta a estas propuestas en la sesión del pasado 29 de junio y se limitó, por una parte, a dejar en evidencia que la reclamación de más competencias no es unánime en el seno del CGPJ y, por otra, a reprochar al Consejo que no usara más sus atribuciones en materia disciplinaria (veáse EL PAÍS del 30 de junio).

Recuperar lo perdido

El PSOE se mantiene así en la actitud del anterior ministro de Justicia, Fernando Ledesma quien como miembro del primer CGPJ, cuando el PSOE se encontraba en la oposición, pidió para el órgano de gobierno del poder judicial máximas competencias, que fueron precisamente recortadas siendo Ledesma ministro de Justicia, a través de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 1985. El nuevo CGPJ perdió en favor del Ministerio de Justicia todas las competencias sobre los secretarios y personal auxiliar de la oficina judicial, se le recortaron las relativas a selección de los jueces y nombramiento del director del Centro de Estudios Judiciales y se quedó sin la competencia de dictar reglamentos sobre el desarrollo de la función judicial, así como la propuesta legislativa sobre materias relacionadas con la Justicia, aparte del recorte en la facultad de informar textos legislativos. Calvo, portavoz del actual CGPJ, es partidario de recuperar las competencias perdidas. Consultado por este periódico, recuerda que "la Constitución hizo un diseño abierto de las funciones de gobierno del Consejo, algunas de las cuales fueron rescatadas del Ministerio de Justicia -nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario- y otras quedaron previstas para el desarrollo legislativo" Para Calvo, "si se conecta la in dependencia judicial con la eficacia de la justicia, el Consejo necesita más competencias". "Es mejor concentrar todas las competencias sobre la justicia en un sólo órgano, al que debe exigírsele", dice, "responsabilidad política ante el Parlamento".

Juan Alberto Belloch, dirigente de la asociación judicial progresista Jueces para la Democracia, es claramente favorable a la ampliación de competencias del CGPJ. Belloch recordó a EL PAÍS que está pendiente ante el Tribunal Constitucional el recurso del Gobierno vasco contra la LOPJ por no admitir la competencia autonómica sobre medios personales y materiales de la Administración de Justicia. Según Belloch, una sentencia favorable a la comunidad vasca podría iniciar una dinámica de dispersión periférica de las competencias que retiene el Ejecutivo, contra la que sólo existe un remedio eficaz: que el CGPJ retenga tales competencias estatales.

"Montaje institucional"

Perfecto Andrés, portavoz de Jueces para la Democracia, resalta que con la elección parlamentaria de todo el CGPJ [inicialmente el Parlamento sólo elegía 8 de los 20 vocales y los 12 de procedencia judicial los elegían los jueces y magistrados] "las competencias del Consejo paradójicamente se vieron disminuídas en la LOPJ de 1985". "El CGPJ es hoy un gran montaje institucional que se justifica por el imperativo constitucional, pero no", aseguró, "por lo limitado de sus atribuciones". Sobre la participación de las asociaciones judiciales en la elección del CGPJ, Múgica dio la misma respuesta que sobre el aumento de competencias: "SI sigo de ministro, lo mejor es que la propuesta se realice a través mío". Por su parte, Calvo reconoció el buen clima de colaboración con Múgica, pero resaltó el papel de las asociaciones como cauce constitucional para la participación de los jueces en la política judicial", si bien señaló que la propuesta asociativa "no puede vincular a las Cortes".

En cambio, el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Rubio Llorente, recordó que en la República Federal Alemana existe una lista permanente de juristas para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional alemán, en la que el Parlamento puede hacer variaciones, pero sin introducir nombres nuevos. Precisamente la sentencia del alto tribunal español de 29 de junio de 1986 declaró no inconstitucional la elección parlamentaria de todos los vocales del CGPJ, pero señaló que la finalidad de que el Consejo refleje el pluralismo judicial "se alcanza más fácilmente atribuyendo a los propios jueces y magistrados la facultad de elegir" a los 12 vocales judiciales.