España propone a la CE confiscar las cuentas bancarias de apoyo a terroristas

El Gobierno español ha propuesto a sus socios comunitarios una reforma legislativa que incluya la confiscación de cuentas bancarias y otros bienes que sirvan de apoyo a organizaciones terroristas. El Ministerio del Interior español formuló esta propuesta de un modo informal en la última cumbre del Grupo de Trevi, reunida en Madrid el pasado mes de mayo. Sin embargo, no trascendió en su día ya que no se incluyó en la información dada a los medios de comunicación, pero posteriormente fue confirmada por fuentes oficiales de Interior.

La medida está incluida en un informe gubernamental sobre las actividades del Grupo de Trevi, bajo el semestre anterior, que coincidió con la presidencia europea de España. En el citado informe se indica que la presidencia española en el Grupo Trevi recogió una presidencia griega bastante confusa, lo que obligó a un replanteamiento de nuestras propias actividades".

A continuación se citan los "puntos principales" sobre los que actuó la presidencia española, entre los que se cita el "análisis. sobre la amenaza interior y exterior", "actividades transfronterizas de grupos terroristas" y un "desiderátum sobre la posibilidad de que la policía opere en terceros países en casos de acciones terroristas graves". Este último es el llamado derecho de persecución en caliente, que permite a la policía traspasar la frontera tras un delincuente que pretende sustraerse a la acción de la justicia (ver EL PAÍS del pasado 6 de julio).

Confiscar recursos

Otro de los "puntos principales" de la presidencia española, citado en el informe, es la "confiscación de recursos financieros que puedan servir a acciones terroristas". Fuentes oficiales de Interior han matizado que "no hubo una propuesta formal por parte de la delegación española a sus socios comunitarios en esta materia", aunque sí admitieron que se trató de una "idea expuesta que permita mayor eficacia a la Íucha contraterrorista". "No hubo un análisis detallado a lo largo de la cumbre celebrada en Madrid sobre esta cuestión, pero sí un estudio de la misma para avanzar en el futuro en esta dirección", añadieron. "El Gobierno español es partidario de que la confiscación de recursos financieros se aplique en todos los países comunitarios", añadieron estas fuentes, que senalaron que la principal consecuencia de esta medida sería la intervención de cuentas bancarias que sirvan a organizaciones terroristas de cobertura económica.

En medios del Ministerio del Interior se valoran todas aqueIlas acciones que permitan menoscabar la organización financiera de grupos terroristas, como ETA Militar. En este sentido, fuentes de Interior recordaban la importancia que tuvo la desarticulación parcial de las finanzas de esta organización, tras la caída de la cooperativa Sokoa, hecho ocurrido el 5 de noviembre de 1986 en la localidad francesa de Hendaya.