La democracia reservada

Los datos y trabajos del Centro de Investigaciones Sociológicas no pueden ser suministrados a los ciudadanos ni a las empresas necesitadas de los mismos, aunque éstos y éstas paguen los impuestos con los que se mantiene esta institución en la que tan fielmente han hecho sus méritos políticos el embajador señor Santamaría y la ministra señora Conde. Ni siquiera tienen acceso a su conocimiento los diputados, por más que lo soliciten respetuosamente, invocando el reglamento de las Cortes españolas, aún no tan generales como la Constitución les reclama, y aunque en él se reconozca este derecho. Son datos del Gobierno, para el Gobierno y de la comisión ejecutiva del partido del señor González para su uso reservado y restringido. El que más sabe, más gana.Los fondos reservados, en su utilización, control y finalidad del Ministerio del Interior y de otros muchos departamentos, no pueden ser conocidos por los ciudadanos ni por el Parlamento y sus miembros; ni siquiera por los jueces. Sólo saben qué pasa con ellos, para qué se usan o cómo de ellos se abusa los que los utilizan sin el menor control bajo la sacra autoridad del Gobierno del señor González. Sólo faltaba que hubiera de darse cuenta del dinero público; sería demagógico.

Los regalos que con dinero público se han hecho y ha hecho a sus amigos la señora Miró no pueden ser desvelados a los representantes del pueblo en las Cámaras, ni en las investigaciones sumariales a los jueces, ni siquiera a la Intervención del Estado, que se ha tenido que conformar con intuir el desafuero al ver ciertas notas de caja poco detalladas y ortodoxas. Televisión también se paga con el dinero de los contribuyentes.

La otra televisión, la lozana andaluza, en situación de quiebra técnica, tampoco puede dar a la luz sus cuentas, a los parlamentarios autonómicos, ni siquiera a los miembros de su propio Consejo de Control, y menos aún a los ciudadanos, y al parecer van perdidos allá por los 4.000 millones declarados. ¡A aprender, a Salamanca!

Reservados y secretos son también los gastos de la Exposición de Sevilla de 1992, como lo son los de múltiples ayuntamientos, diputaciones, Gobiernos y Parlamentos autónomos para los concejales, diputados, procuradores y representantes de la oposición, sea cual fuere su signo, y obviamente secretas y reservadas son las cuentas oficiales y las dobles de los propios partidos para sus militantes, así como las de muchos clubes y asociaciones para sus asociados. No estamos preparados y nos podemos empachar o equivocar con estas cifras.

Reservados y secretos son toda aquella clase de datos y hechos que puedan colocar a los ciudadanos en nivel de igualdad de conocimientos y, por tanto, en igualdad de posibilidades de participación, o puedan permitir el ejercicio del más elemental control público y político a los súbditos y a los que están constitucionalmente obligados a ello, o sea, a diputados, senadores, concejales, responsables de órganos colegiados, etcétera.

En esa tónica generalizada de oscurantismo, ocultación, opacidad o secreto es lógico que no pueda haber comisiones de investigación institucional, encuestas públicas ni averiguaciones judiciales. Hay que evitar el escándalo de que los negocios y las conductas escandalosas sean conocidas para que el régimen no se debilite y pasen cosas tan desagradables como las que leemos en los periódicos italianos, franceses, alemanes, ingleses, americanos y griegos. Aquí todo es limpio y perfecto.

Hace muchos años que se conoce ese principio, propiedad hoy de la cultura universal, de que quien tiene el poder económico tiene el poder político. Quien tiene la caja, tiene la llave del quehacer, y quien la tiene sin control alguno jurídico, político y cívico, puede hacer lo que le parezca conveniente. Y tantos o más años hace que también sabemos todos que un ciudadano no informado es un ciudadano de segunda y hasta de ínfima categoría. Si no se informa porque no quiere, santo y muy bueno. Si no se puede informar porque los datos y cuestiones importantes se le ocultan, se consagra la desigualdad política más repudiable. Y si se comprueba que esta ocultación de datos y hechos se hace para mantenerse en el poder, para así manipular mejor al electorado y para evitar el control político que toda democracia necesita, se vista como se vista, esto se llama, con el mejor de los adjetivos, comportamiento no democrático. A mí me gusta llamarlo por su nombre, franquismo, pues allí es donde se han aprendido por los sucesores estos métodos políticos y éticos.

La información es en nuestra Constitución deber, derecho, y a veces deber y derecho.

El derecho a la información del ciudadano, del usuario y consumidor puede o no ser ejercitado por éste, según su sentido de la responsabilidad.

El derecho a la información, por la función que desarrolla como representante político o como profesional de la comunicación, es también patrimonio, en su ejercicio, de su voluntad o mayor o menor deseo de utilizarlo.

Mas es un deber inexcusable en los servidores del Estado, cual es el fiscal, los jueces, los miembros del Tribunal de Cuentas, los responsables políticos, en los que se da la responsabilidad colectiva y solidaria.

Y a los poderes públicos corresponde satisfacer el derecho voluntario y facilitar el cumplimiento del deber. Si estos poderes públicos ignoran el derecho o impiden el deber, están conculcando un fundamental principio constitucional.

Sin derecho protegido a la información no hay dignidad cívico-ciuda-dana, no hay libertad de prensa, no hay libertad de acción sindical, no hay igualdad de militancia política pluralista, no hay eficacia de control y ejercicio responsable de los representantes públicos; no hay, en suma, posibilidad alguna de hablar de participación política ni de sociedad libre y democrática.

Si el derecho a la información es inherente al derecho, al pluralismo político, fundamental para la formación de la conciencia política y motivador de la manifestación de voluntad, si es inseparable de la igualdad jurídica y política en la participación y de las posibilidades de control político eficaz y fundamento y desarrollo de la propia dignidad para realización de la igualdad ciudadana, a fin de que, como quiere la Constitución en su artículo noveno, la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, y este derecho, en la realidad y sin disimulos ni tapujos, se secuestra o se impide, hablar de un sistema político democrático es una falacia y una ofensa.

Alguien quiere que esto, que nos duele y obsesiona bajo el nombre de España, sea cada día, más que un Estado democrático y social de derecho, una habilidosa combinación entre el modelo de monarquía árabe y el de un caudillismo caribeño. Lo malo es que, lamentablemente, lo está consiguiendo.