Juan Ramón Guevara: "El Constitucional está desvirtuando los estatutos"

El Gobierno vasco va a pedir una reforma del sistema de elección de los 12 miembros del Tribunal Constitucional porque en las actuales condiciones su actuación no ofrece suficientes garantías, afirma el consejero de Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico, Juan Ramón Guevara. El detonante de esta crisis de confianza, una reciente sentencia sobre la gestión de la Seguridad Social, culmina un cambio de técnica en el análisis de los conflictos competenciales, según Guevara, que está llevando al tribunal a desvirtuar y revisar por su cuenta los estatutos.

Pregunta. ¿El Tribunal Constitucional ha cerrado el paso a una gestión descentralizada de la Seguridad Social?

Respuesta. No cabe duda. Se llega a reservar al Estado el ordenamiento de pagos o la apertura de cuentas corrientes. Si eso no es gestión del régimen económico de la Seguridad Social, ¿qué es entonces? Esta sentencia deja desvirtuados los estatutos. No lo digo yo, lo dice el magistrado Jesús Leguina cuando en un voto particular habla textualmente de vaciamiento competencial de los estatutos.

P. ¿En qué medida afecta a las previsiones del Estatuto?

R. Por desgracia, este fallo no es un hecho aislado, sino una tendencia. Y si prospera la actual tendencia, y yo espero que no, se cerrará el paso a las competencias que en materia de gestión del régimen económico de la Seguridad Social nos atribuye el Estatuto de Gernika. Da lo mismo lo que diga el estatuto. Se está imponiendo una nueva técnica interpretativa que quita toda importancia al contenido de los estatutos. Materias de ejecución claramente asignadas a las comunidades son encomendadas luego a órganos del Estado mediante sentencias y se admite también la acción estatal en áreas reservadas como competencia exclusiva a las Administraciones autonómicas.

P. ¿Se tiende a igualar los estatutos por esta vía?

R. Hay una exigua mayoría entre los magistrados que viene estableciendo una doctrina y un método de interpretación y análisis en abierta ruptura con todos los esquemas, las reglas y la trayectoria mantenida hasta ahora. El tribunal no analiza lo que dicen los estatutos: sienta una doctrina general que ha de afectar acualquier comunidad, diga lo que, diga su estatuto.

P. ¿En qué consiste el cambio?

R. El sistema lógico parece el mantenido hasta ahora, de índole deductiva. Para hacer la delimitación competencial se analizaba toda la normativa aplicable: Constitución, estatutos, legislación de cualquier tipo. Luego, se aplicaban criterios más o menos autonómicos. En sus últimas sentencias, el tribunal parece realizar primero el esfuerzo de fijar el punto de llegada, la conclusión final, y después crea la argumentación necesaria para alcanzar esa meta.

Cambio de método

P. Eso equivale a decir que actúa con prejuicios.

R. Si eso se llama prejuicio, será así. Lo cierto es que hay un cambio de método. Se comienza por afirmar el escenario de llegada y la argumentación que sigue resulta justificativa de la solución adelantada.

P. En ocasiones se ha advertido contra la tentación de convertir el Constitucional en una tercera Cámara. ¿Se está produciendo esa transformación?

R. Lo cierto es que está teniendo una incidencia política innecesaria y que no se le ha pedido. El anterior presidente, García Pelayo, criticaba la excesiva carga de decisión política encomendada al tribunal y no deseada. En este momento, el tribunal se arroga funciones de delimitación competencial no solicitadas. Hay sentencias que van mucho más allá del recurso planteado o que contradicen decretos de transferencia pactados entre el Gobierno central y una comunidad. Esto es muy serio. Significa que el tribunal puede entrar de oficio a interpretar cualquier cuestión competencial, aun cuando no sea objeto de un procedimiento. Y, por tanto, se está erigiendo en protagonista del proceso autonómico, en el que zanja cuestiones eminentemente políticas. Eso significa modificar el sistema constitucional, que establece otro método en base al acuerdo político, la negociación y el diálogo a través de las comisiones mixtas de transferencias, en el que yo confío hoy más que en el arbitraje del Constitucional.

P. ¿Hay desconfianza hacia las comunidades autónomas?

R. Sin duda. Cuando en un voto particular suscrito por tres magistrados se llega a decir que no existe razón para prejuzgar por parte de las comunidades autónomas un uso desleal, ilegal o torticero de las funciones en litigio, no sucede porque sí, no es casual. Parece una contraargumentación en un debate que se ha producido en el tribunal. Y esos mismos magistrados advier ten que no cabe justificar en aquel temor o desconfianza una alteración del esquema constitu cional y estatutario, luego entien den que se está produciendo tal alteración. El tribunal está haciendo por su cuenta una revisión de los estatutos de autono mía. Cuando existen sectores so ciales en Euskadi que cuestionan la vía estatutaria, me parece obli gado denunciar con claridad ese hecho, desde la defensa de la validez del estatuto y desde una va loración positiva del desarrollo autonómico de estos 10 años.

P. ¿La fórmula de elección de los magistrados puede influir en su visión de los conflictos?

R. Es otro hecho indudable. Vamos a plantear una reforma del procedimiento de elección, precisamente para garantizar el funcionamiento del sistema. Para conseguir, una percepción correcta de los conflictos deben abordarse desde una visión plural e integrada, no condicionada exclusivamente por la Administración central del Estado. Si esa reforma no se acepta, nos vamos a cuestionar muy seriamente el ejercicio del recurso al Tribunal Constitucional. Es el propio tribunal el que se está deslegitimando para cumplir su papel. Tengo la intención de dirigir una comunicación sobre este problema a la comisión institucional del Parlamento vasco para que empiece a estudiar el asunto.