El Reino Unido ira al Tribunal de Justicia por discriminar a los pesqueros españoles

FÉLIX MONTEIRA La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Comunidad Europea, decidió ayer enviar al Tribunal de Justicia de la CE el procedimiento abierto contra el Reino Unido por impedir faenar en sus aguas a 101 buques con capital mayoritario español, pero que llevan pabellón británico. El recurso incluye una demanda al alto tribunal para que decida provisionalmente, hasta la publicación de la sentencia, la suspensión de la ley británica que atenta contra el derecho de libre establecimiento.

El litigio entre los 101 pesqueros españoles registrados como británicos y el Gobierno del Reino Unido estalló con la entrada en vigor de la Merchant Shipping Act el 1 de diciembre de 1988. La ley exige que el 75% del capital y de los consejeros inscritos en el nuevo registro de buques pesqueros sean británicos, con lo cual impidió de hecho la continuidad de las actividades pesqueras a todos los barcos con mayoría de capital español que enarbolaban pabellón británico y faenaban en sus aguas legalmente hasta entonces.La medida atenta contra una facturación de 11.000 millones de pesetas al año y unos 1.200 tripulantes, aparte de otros 6.500 empleos generados en España indirectamente. El Reino Unido argumenta que ese centenar de pesqueros españoles se benefician de sus cuotas de pesca, aunque la actividad y la comercialización beneficia a puertos españoles, especialmente los de La Coruña, Marín y Vigo. Los armadores, que tienen varios recursos presentados ante el Tribunal, de Justicia de la CE, defienden sus derechos a constituir empresas radicadas en ese país y recuerdan que fueron las propias autoridades británicas las que impulsaron la instalación cuando estaban interesadas en aumentar la flota.

Discriminación

El pasado 16 de marzo la Comisión Europea, por iniciativa del comisario responsable de Pesca, el español Manuel Marín, intervino decididamente en el tema con el envío de una carta de emplazamiento contra el Gobierno británico por entender que la nueva ley conculca los principios comunitarios de libre establecimiento y circulación de personas y mercancías.

La discriminación contra los pesqueros españoles es más evidente por cuanto 49 de ellos tienen garantizado su derecho de faenamiento en el anexo 12 del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Europea.

En una compensación política, la Comisión, a propuesta de Manuel Marín, aprobó también la creación de un marco de aplicación para regular la actividad de estos pesqueros "busca cuotas". Sin embargo, las nuevas modalidades de control serán de aplicación voluntaria y no obligatoria por parte de los Estados miembros.