Poca luz

TAN ASFIXIANTE ha sido el tufo que ha impregnado el escenario político durante los prolegómenos de las mociones de censura presentadas por el Partido Popular (PP) y el Centro Democrático y Social (CDS) contra el Gobierno socialista de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid que hay que saludar el esfuerzo del PP -uno de los más señalados como posibles causantes de enrarecer tan peligrosamente el ambiente- por arrojar alguna luz sobre los hechos. El lunes, el partido conservador hacía público el resultado de las investigaciones realizadas sobre la participación de sus dirigentes, militantes o personas próximas en los intentos de compra de los votos del diputado del Partido Regionalista Independiente de Madrid (PRIM) Nicolás Piñeiro y del de Izquierda Unida (IU) Miguel Ángel Olmos. El otro presunto implicado, el PSOE, no ha dicho todavía esta boca es mía, y seguimos sin saber aún en qué mejoró Joaquín Leguina su oferta a Nicolás Piñeiro para que, despreciando las otras que se le hacían, decidiese con su abstención la continuidad de los socialistas en el Gobierno de la Comunidad.Pero si es digna de elogio la decisión del PP de investigarse a sí mismo en relación con tales hechos, el resultado de su trabajo revela demasiadas sombras como para que se le pueda considerar completo. Su aportación a la limpieza ambiental de la vida política es más bien escasa, mientras que son muchas las dudas y sospechas que el informe deja en el aire al hilo de sus conclusiones. Porque, si bien es cierto que los dirigentes del PP quedan exculpados de participar en la operación de captación de los votos de Piñeiro y de Olmos, ésta existió realmente, y en ella tuvieron parte activa militantes destacados del partido o personas próximas e incluso vinculadas en el pasado a su organización. En el caso de las gestiones realizadas para conseguir el apoyo del diputado Piñeiro a la moción de censura, el informe reconoce el papel protagonista de una "persona de responsabilidad en el Partido Popular", y en las efectuadas en el mismo sentido por el empresario Gustavo Durán -colaborador en el pasado en la recaudación de fondos para el partido y amigo personal de su antiguo tesorero, Ángel Sanchís, según el informe- ante el diputado Miguel Ángel Olmos se admite "la iniciativa espontánea de persona o personas vinculadas al partido".

Aunque el informe, reconociendo la participación de militantes en la operación, asegura que no ha corrido el dinero y que sólo se ha hablado de contraprestaciones de carácter político, lo cierto es que existen cintas grabadas en las que se habla de ofertas millonarias por la compra de esos votos. En este sentido, la investigación llevada a cabo es insuficiente, parece hecha con el exclusivo propósito de cumplir un trámite formal juzgado insoslayable con vistas a la opinión pública y deja en la penumbra el asunto fundamental: desentrañar la maraña de intereses a los que servían las conexiones familiares, con terceras personas e intermediarios intervinientes en los intentos de atraer los votos de Piñeiro y Olmos al campo del PP y del CDS para que su moción de censura alcanzase el deseado éxito. La investigación ha concluido demasiado pronto y de poco va a servir para la recuperación de la credibilidad de la vida política.

También es dudoso que contribuya a este objetivo la ola de mociones de censura que actualmente se abate sobre muchos ayuntamientos españoles. No hay nada que objetar respecto de la legalidad e indiscutible legitimidad democrática de este procedimiento; pero da la impresión de que el bloqueo de que adolece la vida política nacional -puesto de manifiesto con los resultados de las recientes elecciones europeas- intenta ser superado por las fuerzas políticas en el frente municipal. Si ello fuera así, y el recurso a la moción de censura no estuviera basado en exclusivos motivos de ámbito local, habría que temer por la futura estabilidad de unos gobiernos municipales que, en general, están respondiendo mejor que peor a las demandas de los ciudadanos.