Corcuera propuso garantizar el aniorumato a los testigos de casos de terrorismo en la CE
MIGUEL GONZÁLEZ, El ministro del Interior, José Luis Corcuera, planteó a sus colegas de la Comunidad Europea (CE) la necesidad de garantizar el anonimato a los testigos que comparezcan ante un jurado "en casos de delitos graves y, por tanto, de terrorismo", según un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la presidencia comunitaria española.
Esta propuesta no fue hecha pública ni en los comunicados del denorninado Grupo de Trevi, que se reunió en marzo en Sevilla y en mayo en Madrid, ni durante la comparecencia que Corcuera realizó a prímeros de junio ante la comisión para las Comunidades Europeas del Congreso de los Diputados.El informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, que va firmado por la Secretaría General de Política Exterior, y se titula Balance de la Presidencia Española de la Cooperación Política Europea, dedica cuatro páginas a las actividades del Grupo de Trevi, que reúne a los ministros de Interior y Justicia de la Comunidad y que durante el primer semestre de este año presidió el español José Luis Corcuera. La versión que da de sus trabajos es sensiblemente distinta de la que facilitó en su día el departamento de Interior, caracterizada por la parquedad y el hermetismo.
El documento explica que "entre los doce se ha visto la necesidad cada vez más imperiosa de establecer la protección de testigos en casos de delitos graves y, por lo tanto, de terrorismo". El tema ya se discutió bajo presidencias anteriores, pero hasta entonces "no había pasado del estado de sugerencia". Fue España la que decidió presentar una propuesta formal, "basada en mantener el anonimato de los testigos ante el jurado".
"La peculiaridad del caso español", según el informe de Exteriores, "radica en que es el único país comunitario que no tiene jurado, y si en los demás países se mantiene la proteccíón policial para la reserva de este anonimato, la única excepción es ante el juez". En consecuencia, agrega, "si Trevi aprobase este sistema, en un futuro próximo, España se podría ver forzada en cierta medida a implantar, por la vía de la armonízación comunitaria, el debatido asunto del jurado".
Polémica
En nuestro país, la posibilidad de que los testigos declaren sin perder el anonimato en procesos por terrorismo ha sido objeto de polémica entre el Gobíerno y los jueces en los últimos años, aunque hasta ahora se había limitado a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
La "persecución policial en terceros países" es otro de los temas abordados por el Grupo de Trevi, según el informe de Exteriores, y que, sin embargo, no aparecía sino de forma muy velada (se hablaba de "cooperación policial transfronteriza") en la nota de prensa difundida al término de la reunión de Madrid, el pasado 12 de mayo.
El derecho de la policía a traspasar la frontera del país vecino, cuando se trate de capturar a un presunto delincuente que huye, lo discuten actualmente las autoridades de España y Francia, con la esperanza de que pueda ponerse en práctica en 1991 (EL PAÍS del 6 de julio).
Más remota es la posibilidad de que este principio pueda aplicarse a doce. El informe de Exteriores advierte que en las reuniones del Grupo de Trevi "quedó bien claro que este tipo de actuación policial se realizará sólamente para actos terroristas concretos".
El documento explica el proceso que llevó a la creación de una estructura permanente del grupo, presentada por el Ministerio del Interior como el mayor éxito de su presidencia europea. "La propuesta española", afirma, "obtuvo en un principio una acogida diversa porque, aunque algunos países la apoyaban sin reservas, como era el caso de Grecia, Portugal, Italia y la República Federal de Alemania, otros se oponían frontalmente, como Dinamarca, Bélgica y el Reino Unido".
"La causa que hacía que algunos países se opusiesen a esta secretaría general permanente", agrega, "radicaba en que no querían que la Comisión Europea participase en Trevi, puesto que sería el fin del carácter reservado de este grupo, que caería en manos de los burócratas de Bruselas, perdiéndose la esencia del Grupo".
En el caso concreto del Reino Unido, la oposición a la secretaría permanente obedecía también, según el Ministerio de Asuntos Exteriores, a que dicho país, "como depositario de los sistemas de transmisión dentro de Trevi, no veía la necesidad de perder un instrumento que le da una fuerza evidente dentro del grupo y a la cual no está dispuesto a renunciar".
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