Los cuatro militares cubanos condenados a muerte, en manos del Tribunal Supremo

Las cuatro condenas a muerte dictadas contra los principales militares cubanos que acordaron operaciones de narcotráfico con el cártel de Medellin han pasado a su última instancia, que debe emitir en breve el fallo definitivo. La reunión de oficio celebrada ayer por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, cuyas conclusiones no se han publicado, no modificará el veredicto del juicio sumarísimo.

La suerte de los cuatro condenados a muerte el pasado viernes está en manos del máximo tribunal y, en última instancia, del propio Fidel Castro. Pero ningún indicio oficial permite suponer hasta ahora que vayan a ser conmutadas las penas capitales impuestas al brillante general de las fuerzas armadas Arnaldo Ochoa y los tres veteranos oficiales del Ministerio del Interior que sumieron a la revolución cubana en sus horas más bajas, el capitán Jorge Martínez Valdés, ayudante de Ochoa, el coronel Antonio de la Guardia y el comandante Amado Padrón.Al contrario, el diario Granma, órgano del partido comunista, publica únicamente opiniones favorables a la aplicación de la pena máxima.

En una parada con el general de división Ulises Rosales del Toro, presidente del tribunal de honor que degradó a Ochoa, milicianos, tropa y guardafronteras del Ejército oriental expresaron su respaldo a la pena de muerte dictada el pasado viernes por el tribunal militar. Un redactor oficial dice que "los firmes defensores del oriente de¡ país, dejaron bien claro el apoyo indondicional y resuelto a la digna línea y postura del partido, a los editoriales de Granma y, en especial, al comandante jefe Fidel Castro".

Las familias de los convictos efectúan discretas gestiones para hacer llegar al Palacio de la Revolución sus invocaciones a la generosidad de Fidel Castro y al Consejo de Estado, facultado legalmente para cambiar la sentencia. Públicamente nadie solicita misericordia para los cuatro militares caídos en desgracia.

Sin embargo, en la calle y hogares cubanos no son pocos quienes piensan que debe perdonarse la vida de los procesados, sometidos a una acusación pública y a una actuación fiscal implacable. El Gobierno ha valorado todas las opciones, incluida la clemencia, pero los comentaristas oficiales piensan que no habrá piedad para los mandos militares y de Interior arrestados en un acuartelamiento militar. Algunos embajadores dijeron que no esperan muchas protestas intemacionales en el caso de que los reos sean ejecutados.