Licencias bajo sospecha

La Federación de Empresarios de la Construcción de Burgos (FEC) presentó el 5 de febrero de 1988 una denuncia en la Fiscalía de esa ciudad contra el alcalde, José María Peña; el primer teniente de alcalde, José Codón; el segundo teniente de alcalde, Manuel Muñoz; el secretario del Ayuntamiento, Esteban Corral; el delegado de la Junta de Castilla y León en Burgos, José Carracedoy el constructor Miguel Méndez Pozo, Michel, por presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos y falsedad de documento público.Según la denuncia, el alcalde y los demás miembros de la corporación habrían favorecido los intereses del constructor denunciado mediante la concesión de licencias ilegales de construcción, la alteración en superficies, linderos y ubicación de parcelas, y la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos, en tramitación, a las conveniencias de las empresas de Méndez Pozo. Este constructor, que según los denunciantes tiene amistad personal con el presidente de la Junta de Castilla y León, José María Aznar, ejerció como anfitrión en diversos almuerzos durante 1987 para resolver el conflicto surgido entre el grupo político del alcalde Peña, Solución Independiente, y la antigua AP de Burgos.

A la denuncia se sumaron luego la CNT y CC OO, además de diversas asociaciones, ejercitando la acción popular. En junio de 1988 Adolfo Mallobis fue designado juez especial para este caso y en noviembre de 1988 la fiscalía nombró también un fiscal especial.

Las diligencias del juez constan ya de 13.000 folios y han declarado multitud de testigos. Hace un mes se amplió la denuncia hecha por la FEC a un notario, un registrador, el letrado del Ayuntamiento Santiago Dalmau Moliner y los miembros de una familia de terratenientes, los Moliner, al descubrirse, según los denunciantes, que una promoción urbanística de Méndez Pozo había invadido terrenos de dominio público, prescindiendo de los cauces legales establecidos.