UGT pide que el Gobierno negocie las pensiones no contributivas

La comisión ejecutiva confederal de UGT considera necesario que el Gobierno negocie con los sindicatos el establecimiento de las pensiones asistenciales y las nuevas prestaciones familiares, según un comunicado hecho público ayer. A juicio de UGT, esta negociación es precisa no sólo para cualquier proceso de concertación, sino para la "simple exigencia civilizada de diálogo social".En cuanto a las pensiones no contributivas, UGT señala que la presentación del proyecto de ley debe realizarse sin más demora, "ya que han pasado seis años desde que se prometiera por primera vez". Para este sindicato, los requisitos mínimos que ha de cumplir esa ley son, entre otros, que la pensión se configure como un derecho subjetivo perfecto y su obtención no se supedite a la existencia o no de familiares obligados a alimentos, y que la cuantía de estas pensiones no sea inferior a 30.000 pesetas.

La central sindical insiste en que la ley va a nacer con un enorme retraso y que han de flexibilizarse los criterios de determinación de la minusvalía, ponderando otros aspectos de carácter social y familiar, así como las posibilidades de acceso al mercado de trabajo, etcétera. El establecimiento de las pensiones asistenciales debe ser armónico con la exigencia de ingresos mínimos familiares (salario social) en todo el mapa del Estado, evitando cualquier posible discriminación, según añade el comunicado.

El sindicato UGT considera asimismo que el Gobierno no puede presentar la citada ley de modo triunfalista, "como la culminación de una política de pensiones de carácter supuestamente avanzado y progresista, porque la realidad es muy distinta".

Protección familiar

Respecto al proyecto de ampliación de la protección familiar, el sindicato socialista reitera la necesidad de una auténtica política de protección familiar que no nos avergüence ante Europa. En este sentido, UGT afirma que para estar al mismo nivel de gasto que en 1971 se tendrían que actualizar las 250 pesetas por hijo al mes, elevándolas a 2.000 pesetas: "La protección social es fiel indicador del grado de cohesión y justicia de las sociedades democráticas, y nuestro país lleva muchos años prácticamente estancado, existiendo un considerable diferencial con la CE en esta materia", añade el comunicado.

En último término, la comisión ejecutiva confederal de UGT reclama un esfuerzo presupuestario de protección social, al tiempo que lamenta "las graves lagunas existentes en los aspectos de pensiones asistenciales y protección familiar", censurando también el retraso en su regulación legal y reprobando la unilateralidad con que el Gobierno pretende elaborar los correspondientes anteproyectos, sin llevar a cabo una negociación con los sindicatos.