El Gobierno adopta fuertes medidas monetarias y fiscales para retirar del mercado medio billón de pesetas

El Gobierno aprobó ayer un amplio paquete de medidas financieras y fiscales que supondrán detraer del dinero en circulación medio billón de pesetas. Éste es el mayor ajuste realizado en la economía española desde los tiempos de crisis económica (1984). El objetivo que se propone el Gobierno es inducir a un aterrizaje suave de la economía española para colocar el crecimiento en una senda que permita reducir la inflación por debajo del 5,8% y rebajar el déficit exterior. Las medidas tendrán un efecto de "desaceleración, aunque muy suave" en el ritmo de crecimiento del empleo, según el ministro de Economía, Carlos Solchaga.

El sector financiero es el que más va a acusar las medidas monetarias y fiscales decididas ayer por el Gobierno. Las cinco medidas aprobadas son complementarias ya que persiguen detraer dinero de la circulación para enfriar la economía y, al mismo tiempo, aumentar el control fiscal sobre una serie de modalidades de ingeniería financiera que hasta ahora han escapado a él.La medida más directa consiste en que se aumenta en un punto (del 18% al 19%) el coeficiente de caja obligatorio en el tramo no remunerado para bancos y cajas de ahorros con un efecto de 250.000 millones de pesetas. La segunda medida directa consiste en elevar del 20% al 25% la retención que las entidades financieras deben practicar sobre los rendimientos del capital con un impacto de 60.000 millones de pesetas. Esta medida persigue, además, igualar el tratamiento fiscal de las rentas del trabajo y las del capital.

El resto de medidas pueden considerarse de ajuste tanto fiscal como monetario. Por una parte, se someten a coeficientes las cesiones de créditos a partir del primero de octubre próximo en la parte que ahora no se computan en ellos, es decir, unos 700.000 millones de pesetas, con un impacto de 125.000 millones de pesetas. También, se someten a retención y coeficientes tanto las cuentas financieras respaldadas con letras del Tesoro como las pólizas de prima única que no alcancen un plazo de vencimiento de tres años.

Esta última medida supone, en la práctica, firmar el acta de defunción de las pólizas de prima única ya que su plazo de vencimiento es, por lo general, de un año y no tienen componente de riesgo. A partir de ahora, para que un producto sea catalogado como de seguro deberá de tener un plazo de vencimiento mínimo de tres años pues, en caso contrario, será considerado como un depósito y estará sometido a retención y a coeficientes. La decisión del Gobierno en este aspecto supone un borrón y cuenta nueva ya que las entidades financieras que hayan operado con primas únicas no deben ahora ingresar las retenciones no practicadas en su momento.

Menos empleo

El objetivo de estas medidas es conseguir al terminar este año que el crecimiento de la economía española no supere el 4% o 4,5%, según afirmó Solchaga. La última previsión oficial realizada por el Gobierno el pasado mes de mayo situó el crecimiento económico en el 4,6% para este año.

El ministro negó que se estén dando una recesión económica inducida ni un plan de estabilización. Se trata, explicó, de poner a la economía en su sitio para que en unos años cruciales marcados por el objetivo del mercado único europeo, el crecimiento económico esté asegurado". Añadió que una política de stop and go (parar y andar) "sólo conduce a procesos dolorosos, ineficientes y problemáticos".

Solchaga añadió que el impacto de este paquete de medidas en el crecimiento del empleo "será de una desaceleración aunque muy suave". La estimación del Gobierno es que el empleo aumentará entre un 2,5% y un 3% este año, lo que supone la creación de unos 300.000 nuevos puestos de trabajo, objetivo que no se altera. El ministro Carlos Solchaga, sin embargo, señaló que los efectos sobre el empleo de estas medidas se notarán más el año próximo.

El ministro señaló que las medidas de reducción del gasto público en 115.000 millones de pesetas y el adelanto en el pago de¡ impuesto de sociedades para las empresas, adoptadas el pasado mes de mayo, tendrán sus efectos en la última parte del año. Estas medidas, junto a las adoptadas ayer, más el pago del impuesto sobre la renta en noviembre, permitirán reconducir la economía, según espera el Gobierno.

El ministro, sin embargo, no descartó nuevas medidas en el caso de que no se consiga la moderación salarial. Solchaga se preguntó que si los salarios no moderan su crecimiento "¿serán imprescindibles medidas más drásticas?", y se respondió a sí mismo diciendo que "lo veremos". Pero en lo relativo a la concertación social, el ministro dio por cerrado el tímido intento de los últimos días, dada la respuesta de los sindicatos.

Respecto a si la medida de elevar las retenciones del capital camina en sentido contrario al proceso de armonización fiscal en la Comunidad Europea, Solchaga dijo que "ya no sé en qué dirección vamos".