El ministro considera necesaria para la union monetaria la transferencia de recursos de las naciones ricas a las pobres

Carlos Solchaga advirtió ayer sobre la necesidad de eliminar las discrepancias sobre la transferencia de recursos de las naciones ricas de Europa a las del sur del continente, para impedir que el proceso de Unión Monetaria y el Acta única no se derrumben por las resistencias sociales que podría ocasionar el dejar a las naciones de economías más débiles en estado de desprotección.También reiteró la bondad y oportunidad de la incorporación española en el Sistema Monetario Europeo desde el punto de vista de la disciplina antiinflacionaria, pero dejó en claro que dentro de la batalla de la unidad económica europea el primer paso para evitar un fracaso es la unión monetaria.

Rechazó la posibilidad de una Europa de dos velocidades, señalando que éste no era el punto de vista español y centró el proceso en dos aspectos de fondo. El primero, la necesidad de un período de transición en el que sea posible la gestión del tipo de cambio "antes de un sistema de paridades fijas" y como preámbulo al "establecimiento de un precio único para cada bien y servicio".

Al destacar que las naciones del sur de Europa no representan ni siquiera el 50% del PIB medio de la Comunidad, Solchaga señaló que el gradualismo del Plan Delors era deseable. Asímismo destacó que la renuncia a manejar el tipo de cambio por parte de las economías débiles de la Comunidad Europea podría llevar a que estas naciones fuesen incapaces de mantener el empleo, el crecimiento y el saldo exterior, quedando sujetos a la "voluntad de las naciones más ricas de hacer transferencias de recursos hacia las áreas más pobres".

Solchaga destacó, sin embargo, que la potenciacíón prevista de la política regional y de los fondos estructurales "han despertado mayores controversias que el reforzamiento de la política de competencia y la convergencia de las medidas monetarias y fiscales".

Los instrumentos de política regional y fondos estructurales son los canales que el Gobierno español aspira a que se conviertan en sistemas de compensación y regulación para la transferencia de fondos de las naciones de Europa del norte hacia las del sur, para evitar la acción devastadora que puede tener la libertad de competencia.