Sistema de alarma

P. M., Una de las ventajas de la integración española en el Sistema Monetario Europeo es que éste actúa como un sistema de alarma que indica cuándo la situación de la economía exige una intervención contundente por parte de las autoridades económicas. Los Gobiernos no pueden dar la espalda a las tensiones sobre los tipos de cambio por el elevado coste que supone la intervención para mantenerlo en la banda pactada en contra de la opinión y la marcha del mercado.

Las exigencias sobre la política económica no varían con la incorporación al SME pero sí la necesidad de no dilatar en el tiempo la toma de las medidas necesarias, comentó ayer el Secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez. Antes de la incorporación, el Gobierno podía esperar, cuando se producía una situación de recalentamiento económico, hasta un buen momento político. Esa espera es ahora mucho más difícil.

A la exigencia de prontitud a la hora de reconducir la marcha de las variables macroeconómicas se une la menor libertad de la política monetaria, en la que los ajustes coyunturales habían descansado tradicionalmente. Esa menor libertad se concentra especialmente en la variabilidad de los tipos de cambio como método para frenar el crecimiento de la demanda.

A las críticas a la escasa reacción del consumo y la demanda en general a variaciones en los tipos de interés se une ahora su limitación sobre el tipo de cambio. El crecimiento del crédito al consumo y la fuerte expansión de la cantidad de dinero en circulación -dos de los indicadores de la fortaleza de la demanda interna- no podrán reducirse fácilmente con meras subidas de tipos. De hacerlo, atraerían capitales foráneos presionando al alza la cotización de la peseta. Además, tanto esa entrada de dinero como cualquier eventual intervención en contra de la peseta de las autoridades monetarias se traslada automáticamente a la cantidad de dinero en circulación, uno de las variables que se pretendía controlar.

El reto ahora consiste en dotar de la mayor flexibilidad posible a las políticas fiscales que ahora se encuentran bastante atadas por la ley de presupuestos.