En EE UU preocupa más poder quemar su bandera que la pena de muerte a menores
La encendida polémica provocada por la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de no considerar anticonstitucional la ejecución de jóvenes criminales de 16 y 17 años, así como la de personas con retraso mental, sólo ha durado 24 horas. La opinión pública norteamericana está enfrascada en la lucha del presidente Bush por conseguir que la quema de una bandera de EE UU se considere delito.
La progresía demostrada por los miembros del Tribunal Supremo en aceptar como un derecho constitucional la quema de una bandera, al considerar que la prohibición de ese acto atentaba contra la Primera Enmienda de la constitución americana, que salvaguarda la libertad de expresión, contrasta con su decisión adoptada el pasado lunes sobre la pena de muerte a menores. Las voces de quienes intentan mosarse contrarios a esa decisión se han apagado.Los dos grandes periódicos de el país, el The New York Times y The Washington Post cerraron ayer sus páginas a las asociaciones que protestan por la resolución adoptada el lunes por el Tribunal Supremo, y sólo trataron el tema en sus editoriales. El espacio de sus páginas de información aún estaba reservado a los esfuerzos del presidente George Bush para derribar la sentencia que afecta a la integridad de la bandera de las barras y estrellas.
Las tres primeras víctimas de la resolución del Tribunal Supremo se hallaban ayer a la espera de que se confirme su ejecución en las penitenciarías estatales de Lousville (Stanford), Kansas City (Wilkins) y Dallas (Penry).
Moralmente repugnante
The Washington Post, un periódico liberal y afín a las ideas politicas del partido demócrata, editorializó ayer sobre la pena de muerte. "Los tribunales de los primeros días de este país no hubieran encontrado problemas al aprobar las ejecuciones de jóvenes de 16 y 17 años o de retrasados mentales, pero las normas sociales han cambiado en estos 200 años y los juicios sobre lo que es cruel y inusual son muy diferentes".
El Post aseguraba que "como opositores a la pena capital bajo ninguna circunstancia, estamos absolutamente en contra de esta sentencia" y añadió que "ejecutar individuos de 16 o 17 años o con sus facultades mentales retardadas es moralmente repugnante y una clara violación de la Octava Enmienda de la Constitución". Esa enmienda preserva a los americanos de sufrir daños crueles o inusuales.
Pese a que los medios de comunicación parece que se han olvidado de la pena de muerte, algunos abogados liberales están intensificando sus contactos para evitar la ejecución de delincuentes que cometieron sus crímenes antes de los 18 años.
