La 'autoamnistía' francesa

Gérard Monate, veterano militante socialista de 65 años y ex dirigente sindical de la policía, fue procesado el pasado día 22 por corrupción, falsedad documental, complicidad y encubrimiento de abuso de bienes sociales. Próximo al primer secretarlo del Partido Socialista francés (PS), Pierre Mauroy, Monate es el hombre que maneja las claves de la financiación oculta del PS. Su inculpación se produce tan sólo dos días después de que el Gobierno de Michel Rocard aprobara un proyecto de amnistía para borrar los delitos de soborno ligados "directa o indirectamente" a la financiación de los partidos políticos, iniciativa que ha levantado un aluvión de críticas en el Parlamento y en la judicatura.

Los jueces responden, pues, no sólo con palabras a la autoamnistía de los políticos y prosiguen su trabajo, aparentemente sin tener en cuenta el proyecto de la ley del perdón, cuyo debate parlamentario se retrasará hasta el otoño. Ante el escándalo desatado, el Gobierno optó el lunes por enfriar el horno, temeroso de las consecuencias que el anuncio pueda tener en la popularidad y en la reputación de honestidad que adornan a Rocard.Las prisas iniciales de algunos socialistas quedan soprepasadas por la amplitud y la intensidad de las reacciones contrarias de una clase política en la que nadie puede tirar la primera piedra, pero que ha preferido utilizar políticamente el escándalo que acogerse a una amnistía que lava tan blanco a derecha como a izquierda.

Los socialistas, sin embargo, no han conseguido disipar la sensación de que el perdón estaba preparado básicamente para beneficiar a los suyos.

Las prisas venían motivadas precisamente, según el semanario satírico Le Canard Enchainé, por el conocimiento de los avances de la investigación judicial en el caso que ha acabado con el procesamiento de Monate y de otros dos dirigentes de Urba-Gracco, un gabinete fantasma especializado en urbanismo y montado para financiar al Partido Socialista. Monate fundó Urba-Gracco en 1977, trabajó después en el gabinete del entonces ministro del Interior, Gaston Deferre, y en 1984 volvió a tomar las riendas del gabinete que actúa de intermediario entre las empresas que obtienen los contratos de obras públicas y los políticos que las conceden. Mediante una comisión del 0,5% sobre el total de la contrata o a través del pago por parte de la empresa adjudicataria de verdaderos -en este caso valorados al alza- o falsos estudios, Urba-Gracco ingresó unos 70 millones de francos (1.400 millones de pesetas) en 1988, de los que unos 800 millones de pesetas se calcula que han ido a engrosar la tesorería del PS.

Comisiones millonarias

En concreto, el juez Pierre Culié ha procesado a Monate y a sus dos empleados por la extensión de facturas falsas por valor de 50 millones de pesetas a la empresa Borie, filial de la Sociedad Auxiliar de Empresas (SAE), número uno de la construcción en Francia. El pasado 2 de febrero, el Ayuntamiento de Marsella adjudicaba a Borie la construcción de un túnel, 15 días después de que, según Le Canard, directivos de la empresa y del gabinete de estudios acordaran, en la sede central del PS en París, la entrega a Gracco de una comisión de 114 millones de pesetas.El juez ha procesado también a Georges Farinacci, presidente del gabinete Sun-Communication, que efectuaba el mismo trabajo, pero por cuenta de Jean-Claude Gaudin, presidente del grupo parlamentario de la Unión por la Democracia Francesa (UDF), la coalición presidida por Valéry Giscard d'Estaing. Aquí, las facturas falsas ascienden a 14,6 millones de pesetas y la empresa implicada es la Sormae, otra filial de SAE.

Los cuatro nuevos procesamientos elevan a 32 el número de implicados en el caso de la SAE y sus filiales, el mayor escándalo de financiación oculta de partidos políticos que se instruye actualmente. En el llamado caso Sormae se encuentran procesados 12 directivos de la empresa, 8 empresarios diversos y 12 políticos, 5 socialistas y 7 de la derecha, tanto de la UDF como de la Asamblea por la República (RPR).

Los investigadores estiman que la Sormae -filial marsellesa de la SAE- ha contabilizado, entre 1985 y 1988, 10,7 millones de francos (unos 214 millones de pesetas) en comisiones y pagos por trabajos ficticios destinados en última instancia a la financiación ilegal de los partidos y de las campañas electorales.

Cruce de acusaciones

La amnistía, destinada a olvidar todas estas irregularidades -excepto las que hayan servido para el enriquecimiento personal-, ha provocado un duro cruce de acusaciones entre los partidos en la Asamblea Nacional.El proyecto de los socialistas, algunos de cuyos dirigentes han denunciado la "hipocresía" de sus adversarios, ha sido apoyado sólo parcialmente por la UDF y rechazado con gran escándalo por el RPR y el Partido Comunista Francés (PCF). Los comunistas se han mostrado dispuestos, por primera vez, a apoyar una moción de censura contra el Gobierno ante el intento, en palabras de Jacques Toubon (RPR), de "reemplazar el veredicto de los jueces por el voto de los diputados socialistas".

Del mismo tenor es la reacción del Sindicato de la Magistratura, que ha denunciado mediante una declaración un proyecto que "constituiría una traba inadmisible al funcionamiento normal de la justicia, así como una ruptura de la igualdad de los ciudadanos ante la ley".

Gilbert Thiel, encargado de la investigación de otro caso de facturas falsas descubierto en Nancy (noreste de Francia), ha declarado irónicamente al diario Libération que confiaba en que el proyecto, "inconfesable operación de autoblanqueo de la clase política", no fuera debatido en la noche del 4 de agosto, cuando se cumple el bicentenario de la abolición de los privilegios por la Revolución Francesa.

En el caso instruido por el juez Thiel en Nancy está procesada una veintena de personas por desvíos de fondos que suman unos 20 millones de francos (unos 400 millones de pesetas) relacionados con la concesión de obras públicas y la instalación de hipermercados. En noviembre de 1988, el juez añadió a los cargos la acusación de tráfico de influencias ante la sospecha de que el dinero hubiera servido para financiar partidos, pero hasta el momento ninguno de los implicados lo ha reconocido.

El hombre clave del asunto es el pequeño empresario André Gusaï, miembro del RPR, que extendía facturas por trabajos ficticios para facilitar a las grandes empresas la ocultación contable de las comisiones. Sin embargo, tras cuatro años de investigación, Gusaï sigue sin soltar prenda.