El Reino Unido quiere intervenir

Las autoridades británicas pretenden extender a otro tipo de delitos las líneas generales del convenio hispanobritánico sobre narcotráfico, firmado ayer en Madrid, que permite intervenir los patrimonios de origen ilegal colocados en cualquiera de los dos países por fugitivos de la justicia del otro. Londres ha expresado a Madrid su preocupación constante por la frecuencia con que delincuentes británicos se refugian en la Costa del Sol.Funcionarios británicos han manifestado, en concreto, su deseo de proceder contra todas las propiedades a nombre de Melchesho, SA, para resarcir a la Brinks Mat Ltd. y a sus aseguradores de los daños causados por el robo de Heathrow. Esta historia so., remonta al 26 de noviembre de 1983, día en que seis enmascarados armados penetraron en los depósitos que Brinks Mat tiene en el citado aeropuerto de Londres. Entraron de madrugada. Era sábado. Sin disparar un solo tiro inmovilizaron a los seis guardias jurados que había en la zona. Poco después abandonaron el local con tres toneladas de oro, una cantidad importante de platino, diamantes y cheques de viajero. El botín, valorado en 5.400 millones de pesetas, marca un récord para este tipo de delitos.

Informes posteriores de la policía británica indicaron que aproximadamente la mitad del oro robado había sido trasladada a España, a bordo de dos vehículos marca Ranger Rover, camufiados como ambulancias. Scotland Yard informó en su día a los jueces de su país que el británico Kenneth Noye se había encargado de vender desde España el oro robado. Para ello se puso en contacto con Lorenzo Ferreiro, un español afincado en Barcelona, quien, al parecer, tenía experiencia en el comercio internacional de metales preciosos.

Tanto Brian Parry como Michael Relton y Gordon John Parry se encuentran detenidos. La justicia británica sólo ha condenado hasta el momento a algunos personajes secundarios por su relación con este robo del siglo. Otras 11 personas siguen detenidas a la espera de juicio. El joyero John Palmer y John Robert Fleming, expulsados de España en 1986 -cuando Scotland Yard les consideraba como verdaderos cerebros del golpe- resultaron absueltos en 1987.