Enrique Múgica reprocha a Jueces para la Democracia sus críticas a la reforma procesal

El ministro de Justicia, Enrique Múgica, defendió ayer la reforma procesal que lleva su nombre en el discurso con el que clausuró el congreso de Jueces para la Democracia, asociación a la que reprochó "anteponer preconcepciones o juicios anticipados" respecto a una experiencia legislativa que requiere, según dijo, "un rodaje mínimo para permitir obtener una evaluación razonada de sus rendimientos prácticos". Múgica reiteró la oferta de colaboración mutua con las asociaciones judiciales y exhortó a colocar como norte de la actuación de todos el servicio a los ciudadanos.

Múgica, que acudió al salón de plenos del Ayuntamiento de San Sebastián acompañado del subsecretario del departamento, Liborio Hierro, pronunció unas palabras de salutación en euskera, y, ya en castellano, resaltó la necesidad de ajustar la organización de la justicia a la Constitución y expuso su concepción del poder judicial como tutelador de los derechos fundamentales. Asimismo se mostró favorable a la colaboración de las asociaciones judiciales para el éxito de las reformas.Respecto a la reforma Múgica, duramente censurada durante el congreso, el ministro recordó la contribución del CGPJ en la elaboración del proyecto de ley y advirtió que los juzgados de lo penal, cuyo número se ha incrementado de acuerdo con las peticiones judiciales, entrarán en funcionamiento en los próximos meses, por lo que estimó prematuras las críticas. Múgica apeló "a la actitud de reflexión constructiva" de Jueces para la Democracia ante la etapa abierta para la reforma global del proceso que se está preparando.

El ministro de Justicia afirmó que comparte con los jueces la convicción profunda de que "no hay Estado de derecho sin justicia independiente, eficaz e integradora". Resaltó Múgica los acuerdos obtenidos con los jueces para el perfeccionamiento de la carrera judicial y la mejora de las retribuciones, si bien respecto a estas últimas tuvo la delicadeza de no leer los porcentajes de incremento que figuraban en su discurso escrito.

Con esta cortesía correspondió a la de los dirigentes de Jueces para la Democracia, que no leyeron ante el ministro las conclusiones del congreso y ni siquiera se hicieron eco ante él del malestar causado por las declaraciones del ministro del Interior, José Luis Corcuera, sobre la creación de nuevos fueros procesales para altos cargos de la policía.

Apoyo a funcionarios

Previamente, el consejero de Justicia del Gobierno vasco, Juan Ramón Guevara, declaró que éste es un momento histórico para la administración de justicia, porque se pueden abordar globalmente sus problemas judiciales, legales y técnicos, y manifestó la voluntad de colaborar por parte del Gobierno vasco. Minutos antes de la intervención de Guevara, representantes de los funcionarios de la Administración de justicia lograron que se sometiera a votación y se aprobara con 15 votos a favor y un volumen mucho mayor de abstenciones un texto apoyando las movilizaciones para equiparar el aumento retributivo de los funcionarios al acordado por el Gobierno para jueces y magistrados, así como la mejora de la oficina judicial.Varios magistrados latinoamericanos invitados al congreso intervienieron, y el magistrado Antonio Doñate leyó el acuerdo adoptado por ellos con las asociaciones judiciales progresistas europeas para "promover una mayor conciencia de la función judicial en la tutela y producción efectiva de los derechos humanos".

José Antonio Martín Pallín, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, manifestó la necesidad de respetar el marco constitucional en el que se inserta el ministerio fiscal, asi, como reforzar todos los mecanismos posibles para lograr "un compromiso en pro de la independencia de esta institución".

Una de las conclusiones del congreso critica a algunos colegios de abogados por la decisión de suspender el turno de oficio y la asistencia letrada. El resto de conclusiones reitera el jurado puro como medio de participación ciudadana en la justicia, rechaza que el fiscal asuma la instrucción y promueve la continuidad del debate sobre las deficiencias de la instrucción que realizan los jueces.