Los empresarios comunitarios piden a Felipe González que la Carta Social no sea vinculante

Los empresarios comunitarios pidieron ayer a Felipe González que la Carta Social que se va a debatir en la cumbre de Madrid no tenga carácter vinculante y sea una mera recomendación a los Estados miembros. La patronal europea, representada en la Unice, acepta que se armonicen las reglamentaciones de seguridad e higiene, formación y movilidad de trabajadores, pero no otros derechos laborales porque entiende que ello restaría competitividad a las empresas, y así se lo expusieron ayer al presidente del Gobierno español, a quien también solicitaron la liberalización de las telecomunicaciones.

Felipe González, tras la reunión mantenida ayer con los dirigentes de la Unión de las Industrias de la Comunidad Europea (Unice), en la que están representadas las patronales de los países comunitarios, mantendrá hoy otra similar con la Confederación Europea de Sindicatos (CES), como prólogo a la cumbre de Madrid con los jefes de Estado y de Gobierno de la CE, que se celebrará los días 26 y 27 de junio. Las peticiones hechas por la Unice sobre la Carta Social entran en contradicción con las defendidas por los sindicatos europeos, que reclaman un texto más comprometido que armonice los derechos de los trabajadores y tenga carácter vinculante.Derechos mínimos

El presidente de la Unice, Karl Gustaf Ratgen, declaró ayer antes de su encuentro con el presidente del Gobierno español, que su organización es partidaria de que se garanticen unos derechos mínimos a los trabajadores, pero considera que un documento rígido no sirve para eliminar barreras y aumentar la competitividad. Por ello cree que imponer a países como España, Portugal e Italia ciertas cargas sería perjudicial.

Los empresarios comunitarios comparten con los sindicatos solamente la necesidad de armonizar las legislaciones tendentes a incrementar la movilidad de los trabajadores, estimular y mejorar la formación, higiene y seguridad, igualdad de oportunidades y la utilización más eficaz de los fondos estructurales. Ratgen cree que no es bueno regular a nivel europeo lo que se hace mejor en el plano regional o de las empresas y considera "un error que la Carta Social sea vinculante". Los empresarios exigen que sea una mera recomendación".

Tampoco están de acuerdo en que la cumbre de Madrid haga una declaración solemne sobre la Carta Social tal como piensa proponer González porque, según Zyginunt Tyszkiewicz, secretario general de la Unice, ello sería emitir "un cheque en blanco".

Los puntos de la Carta Social más conflictivos y a los que se oponen los empresarios son, según Carlos Ferrer, vicepresidente de la Unice, los referidos a la participación de los trabajadores en las empresas.

En el estatuto de la empresa que se prepara, la Comisión europea defiende una cogestión a la carta que incluye modelos como el alemán y el danés, con tres posibilidades de establecer la participación de los trabajadores: la cogestión, el comité de empresa y el acuerdo entre dirección y trabajadores.

La Unice reclamó también al presidente del Gobierno español que impulse la directiva de liberalización de las telecomunicaciones, que abre esos servicios a la iniciativa privada, sin que ello suponga la privatización del correo y el telégrafo.

Asimismo han pedido al Consejo de Ministros que se eliminen las barreras fiscales, a través de un consenso en torno a los impuestos sobre bienes de consumo, una ley única sobre fusiones de empresas, y que fomenten un organismo muy fuerte en Bruselas que obligue a todos los países a cumplir las medidas sobre protección del medio ambiente.

El presidente de la Unice, de nacionalidad alemana, reconoce que su país no tendría problema alguno en adoptar la Carta Social, como tampoco lo tendría Francia, porque los derechos en ella reconocidos están en vigor, pero asegura que su responsabilidad como presidente de la patronal europea le obliga a veces a "ir en contra de mi país".