Demanda de prisión para Martínez Torres y Planchuelo

Los abogados Fernando Salas y José Luis Galán, que ejercen la acción popular en los sumarios contra los GAL, solicitaron ayer el procesamiento e ingreso en prisión del comisario general de Información, Jesús Martínez Torres, y del jefe superior de policía de Bilbao, Miguel Planchuelo, superiores jerárquicos de José Amedo y Michel Domínguez, para los que también solicitan el procesamiento por el asesinato del refugiado vasco Juan Carlos García Goena.Para estos letrados, del sumario no se desprenden indicios racionales de criminalidad sólo para Amedo y Domínguez sino también para los superiores jerárquicos de los agentes, sobre los que las testigos Inmaculada Gómez y María Ángeles Balsategui hacen referencias concretas en sus declaraciones. Las dos mujeres habían declarado que Amedo no era un policía normal, sino un agente del Gobierno y que eran sus superiores los que le habían encargado el trabajo, por lo que iba a ser recompensado con un puesto de responsabilidad, y llegaron a referirse a un puesto en una embajada de España en el exterior. Esas manifestaciones señalaban también que Amedo les había explicado que su trabajo para los GAL le estaba reportando grandes beneficios.

En las referencias concretas a los superiores de Amedo los testimonios de Inmaculada Gómez y María Ángeles Balsategui, señalan: "Hablaba de sus superiores en general, de gente importante de Madrid, y en muchas ocasiones menciona a Miguel Planchuelo, Jefe Superior de Policía de Bilbao, a Iñaki López, ex gobernador civil de Vizcaya, y a Jesús Martínez Torres, comisario general de Información". Según las referencias que la ex amante de Amedo cuenta, éste mantenía una relación muy fluida y amistosa con estas personas, mantenía reuniones con ellas y les informaba sobre el desarrollo de sus actividades en los GAL.

Las alegaciones detallan más referencias a los superiores jerárquicos de Amedo y justifican las exigencias de medidas cautelares para ellos.

También piden que se fije una fianza de 30 millones de pesetas para asegurar las responsabilidades civiles que pudieran declararse.