El Gobierno español pretende adelantar al año próximo la apertura de las fronteras terrestres comunitarias

, El Gobierno pretende adelantar al año próximo la apertura de las fronteras terrestres comunitarias. Con esta medida, el Ejecutivo español eximirá de control el traspaso en tren y carretera con Portugal y Francia, antes del 1 de enero de 1993, fecha en la que se suprimirán todas las fronteras en la Comunidad Europea (CE).

La Administración española ha solicitado sumarse al denominado acuerdo de Schengen, suscrito por el momento entre Francia, la República Federal de Alemania, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Esto países se han comprometido a suprimir las fronteras terrestres el 1 de enero de 1990. No obstante, fuentes oficiales del Ministerio del Interior precisaron que España aún no está en condiciones de abrir las fronteras en esa fecha y que tal evento se retrasará hasta el segundo semestre del próximo año.En este sentido, portavoces oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores confirmaron ayer que aún no hay fecha fija para la adhesión al acuerdo de Schengen. Estos portavoces añadieron que de momento el director general de Asuntos Consulares, Herminio Morales, ha viajado recientemente por los países firmantes para recabar información sobre el acuerdo.

Además de España, que ha mostrado su intención de abrir las fronteras terrestres en 1990, también pretenden sumarse al acuerdo de Schengen Italia y Portugal. Fuentes de Interior y de Exteriores señalaron que con la futura adhesión al acuerdo de Schengen se pretende "ir ganando tiempo y recopilando experiencia" de cara a la total supresión de fronteras en 1993. No obstante, ambas fuentes admitieron que existen aún escollos para la apertura en 1990.

Las fuentes informantes destacaron que entre las dificultades se encuentra una de las cláusulas del acuerdo de Schengen, que hace referencia a la inmigración ¡legal. Según esta cláusula, si uno de los países firmantes de escubre en su territorio un inmigrante ilegal que se ha aprovechado de la supresión fronteriza, tal Estado gozará del derecho de devolverlo inmediatamente al país socio de Schengen por donde haya entrado el inmigrante en la CE. De esta manera cada país se responsabiliza de las fronteras exteriores y de pagar los gastos de repatriación de toda persona que haya entrado ilegalmente en la CE por su territorio.

Ambas fuentes señalaron que la adhesión al acuerdo de Schengen obligará a una política unitaria en materia de visados. También en este apartado, los logros que se consigan repercutirán en la normalización que se pretende de cara a 1993. El Grupo de Trevi, que reúne a los responsables de la seguridad de los países comunitarios, lleva años armonizando la política de visados, lo que ha suscitado diferencias entre los socios comunitarios. En el caso español, el Gobierno se encuentra con el problema de los latinoamericanos, a los que aún no exige un visado.

La fecha de adhesión españo la al acuerdo de Schengen ha supuesto la aparición de diferencias entre los Ministerios de Interior y de Exteriores. Rafael Pastor, secretario general para las Relaciones con la CE, se ha mostrado partidario de que España ponga en vigor el acuerdo en la misma fecha que los firmantes de Schengen. Por el contrario, Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad, es partidario de esperar al segundo semestre. Rafael Vera.