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Un vocal del Poder Judicial cree muy grave la actitud de Interior en el 'caso Amedo'

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y catedrático de Derecho Penal Gonzalo Quintero Olivares calificó ayer de "problema muy grave" el creado por el Ministerio del Interior al negarse a informar sobre la presunta financiación de los delitos por los que están procesados los policías José Amedo y Michel Domínguez con fondos reservados del departamento. Quintero intervino en unas jornadas sobre colaboración institucional, en las que los delegados del Gobierno en Canarias y Cataluña acusaron a los jueces de recelar del Ejecutivo.

La inauguración de las jornadas, que se clausurarán hoy, y a las que asisten 25 gobernadores, 25 fiscales y 25 magistrados, corrió a cargo del vicepresidente del CGPJ, Manuel Peris, quien apeló a la colaboración institucional para modificar el modelo actual de investigación judicial, cuyo fracaso calificó de "histórico". Quintero desarrolló una ponencia sobre El auxilio a la justicia y la colaboración entre poderes, a la que siguió un coloquio en el que, sin mencionarlo, se aludió repetidamente al caso Amedo.En un encuentro posterior con periodistas, Quintero invocó su condición de vocal del CGPJ para no pronunciarse sobre la situación creada por Interior y consentida por el tribunal del caso Amedo, que calificó de "muy grave". Quintero, que recordó el "respeto inexcusable a las órdenes judiciales", explicó que su propuesta de un sistema de mediación entre los poderes del Estado para resolver los conflictos no está pensado para situaciones como la del sumario de los GAL, si bien resultarían afectadas al aislarse este tipo de supuestos extremos.

Apoyo del Consejo

Quintero expresó más tarde a este periódico su coincidencia con las tesis manifestadas por su colega Enrique Gimbernat en un artículo en el que rechaza la conducta de Interior, por conducir "a la impunidad del terrorismo de Estado" (veáse EL PAÍS de ayer). Respecto al papel que corresponde al CGPJ para preservar la independencia judicial, el portavoz del Consejo, José Luis Calvo, recordó que inicialmente se prestó el apoyo que recabó el juez Baltasar Garzón. Sin embargo, los magistrados de la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, que han asumido la tesis de Interior, no lo han solicitado después.El delegado del Gobierno en Canarias, Eligio Hernández, lamentó los recelos del poder judicial respecto al ejecutivo y las acusaciones de que éste defiende la razón de Estado. Estimó que los fiscales no defienden suficientemente el interés del Gobierno legítimo, por lo que los abogados del Estado deberían actuar en las causas penales. Quintero contestó que sería peligroso que el interés público estuviera defendido por dos partes diferentes: el fiscal y el abogado del Estado.

Hernández criticó los obstáculos judiciales a las acciones policiales y las ruedas de reconocimiento en las que se facilita la identificación de los policías "por letrados que simpatizan", dijo, "si es que no hacen apología del terrorismo". El juez Jesús Fernández Entralgo ironizó con la defensa hecha por Hernández "de la inocencia del Ejecutivo, mientras expresaba sospechas sobre unos letrados". Ferran Cardenal, delegado del Gobierno en Cataluña, reprochó a los jueces la negativa de órdenes de entrada y registro o la suspensión de decisiones administrativas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 9 de junio de 1989

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