25 empleados de una empresa de armas de Vitoria fueron destinados con engaños a Irán durante la guerra
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, Un total de 25 empleados de la empresa Tornusa, adscrita a la firma de armamento Grupo Metalúrgico Auxiliar, SA (Gamesa), fueron trasladados desde Vitoria hasta Irán en 1985, en plena guerra irano-iraquí y a unos 40 kilómetros del frente bélico, para reparar bombas defectuosas de 100 y 120 milímetros de calibre que habían fabricado en la planta de la firma en la capital alavesa. Los trabajadores, en su mayor parte con contratos eventuales, desconocían que su trabajo se desarrollaría en ese país, ya que en Vitoria se les aseguró que su destino final era Grecia y se les prometió un contrato indefinido a su regreso, extremo que no llegó a formalizarse finalmente.
Estos hechos fueron relatados el pasado jueves en la Magistratura de Trabajo de Álava por el abogado Ildefonso Sáez Tabueña, en presencia del representante de Gamesa, Iván Feliú, quien en ningún momento lo desmintió. Feliú, de nacionalidad chilena, dirige una asesoría laboral independiente de Gamesa, aunque tiene contratada con esta firma todas las cuestiones laborales.Las dos partes habían sido citadas en la Sala de lo Social de la Audiencia Provincial de Álava para resolver un caso de presunta discriminación laboral a un miembro del comité de empresa de Gemontesa, firma también perteneciente a Gamesa, que ha reclamado de forma reiterada el incumplimiento por la empresa de la promesa de incorporación a plantilla para los trabajadores enviados a Irán.
El abogado del sindicalista explicó durante la vista que Tornusa (Torneados Numéricos, SA), firma ya extinta, envió en dos tandas a lo largo del año 1985 a un total de 25 de sus trabajadores a las proximidades de la línea de fuego en Irán. El objetivo del viaje era reparar la parte mecánica de dos modelos de bomba de 100 y 120 milímetros de calibre que habían sido exportados con defectos por Gamesa a este país, en pleno conflicto bélico.
Jornadas de 18 horas
Según esta misma fuente, los trabajadores soportaron jornadas de hasta 18 horas trabajando de forma intermitente en un subterráneo situado a unos 40 kilómetros de la línea de fuego. La proximidad de la galería subterránea al frente les obligaba a continuas paradas y vueltas al trabajo. Las alarmas se sucedían cada poco tiempo en el lugar que se convirtió durante casi un mes y medio en su vivienda. De vuelta al aeropuerto madrileño de Barajas, donde Gamesa dispone de oficinas, les exigieron silencio.El representante de la empresa, Iván Feliú, reconoció ayer que se habían producido durante ese año varios traslados de personas a otros países, aunque dijo desconocer si el destino era efectivamente Irán.
Gamesa, que agrupa a más media docena de firmas, encabezó entre 1983 y 1986 un amplio contrato de armas con Irán en el que figuraban implicadas otras empresas españolas de capital público y privado. Fue en 1986 cuando el Gobierno decidió no conceder más licencias de exportaciones de armas a países que, como Libia y Siria, eran utilizados como intermediarios para hacer llegar las armas a Irán.
A raíz de esa prohibición, Gamesa incumplió parte de los contratos suscritos con Irán y no pudo entregar armas valoradas en unos 18.000 millones de pesetas. Por ello, los iraníes ejecutaron varios avales y esta empresa radicada en Vitoria tuvo que pagar hace medio año una sanción de varios centenares de millones de pesetas. A principios de este año, el Gobierno levantó la prohibición de vender armas a Irán e Irak.
En la actualidad, 38 trabajadores integran la plantilla de General de Montajes Electrónicos, SA (Gemontesa), empresa radicada en la capital alavesa, a pesar de que su domicilio social esté en Elorrio (Vizcaya). En diciembre de 1986, Tornusa y Mecanizaciones Numéricas, SA (Mecanusa) fueron subrogadas por Gemontesa. En estas dos empresas trabajan un total de 75 empleados, según fuentes de Gamesa, en su mayor parte eventuales.
Durante la tarde de ayer, el portavoz acreditado de Gamesa, Iván Feliú, declaró que no iniciará acciones legales contra el abogado Ildefonso Sáez Cabueña tras descubrir el problema durante el transcurso del juicio. Sin embargo, desmintió que, a raíz del traslado de los empleados a Irán, se hubiese iniciado una persecución contra el miembro del comité de empresa que ha venido solicitando que se cumpla la promesa de la citada firma.
Durante la jornada de ayer, no fue posible localizar a ninguno de los trabajadores afectados. Según fuentes del comité de empresa, varios de ellos lograron contratos estables y no desean hablar por miedo a perder el puesto, mientras el resto considera que el asunto es muy delicado y tampoco desean contarlo a los medios de comunicación.
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