La inspección oficial de ascensores provoca una pugna entre empresas

La inspección oficial de ascensores ha provocado una pugna jurídica entre la Asociación de Entidades de Inspección y Control Reglamentario (Aenicre), que agrupa a la mayor parte de empresas autorizadas por el Gobierno español para efectuar las inspecciones oficiales, y la Generalitat de Cataluña, que ha asignado a dos empresas ajenas a la citada asociación las labores legales de inspección. Aenicre ha aprovechado el accidente del ascensor de Bellvitge, en el que murieron siete personas, para reclamar el derecho de sus empresas a actuar en el territorio catalán.

José F. Martín Cinto, presidente de la Aenicre, aseguró ayer que Cataluña se encuentra en situación de inseguridad industrial "desde la entrada en vigor del Real Decreto 1.407 de 1987 al no reconocer la Generalitat las actuaciones en su territorio de las entidades de Aenicre y aferrarse a su régimen de concesión a dos empresas catalanas amparándose en una ley de ámbito local".Aenicre tiene interpuesto un contencioso administrativo contra la Generalitat y atribuye indirectamente el accidente de Bellvitge a su discriminación legal. Martín Cinto llegó a afirmar ayer en conferencia de Prensa: "Nunca sabremos si la catástrofe de Bellvitge se hubiera producido si se hubiese cumplido la ley".

Fuentes de la Generalitat han afirmado que la cuestión legal planteada por Aenicre nada tiene que ver con el suceso de Bellvitge (Barcelona) y han acusado al presidente de la asociación de oportunismo por utilizarlo para defender intereses económicos.

El responsable de Entidad Colaboradora de la Administración (ECA) una de las dos homologadas por la Generalitat para efectuar las inspecciones oficiales en Cataluña, Ramón Fajula, declaró que le parecía "impresentable", que el presidente de Aenicre hiciera semejante "terrorismo" informativo. Martín Cinto había puesto en duda además la capacidad técnica de las empresas catalanas para cumplir su cometido. Ramón Fajula replicó que en España sólo se han revisado 30.000 de los 400.000 ascensores que debían revisarse en cuatro años. "Si tenemos en cuenta que cada año deben revisarse 100.000 y que en los dos años transcurridos sólo se han inspeccionado 30.000, el porcentaje no supera el 12% del total, cifra ampliamente superada en Cataluña". Según Fajula, las dos empresas de la Generalitat han revisado en 2 años 25.000 ascensores, de los 36.000 que debían inspeccionar en ese período de tiempo, por lo que la tasa de ascensores revisados sobre el total a inspeccionar en cuatro años -72.000- es del 71%.

Según Fajula, las dos empresas catalanas tienen capacidad más que suficiente para afrontar todas las revisiones pendientes, ya que entre las dos suman 350 técnicos.

Aenicre apela a las directivas de la CE sobre inspección y control e interpreta que "cada Estado miembro" es el responsable de hacerlas cumplir y de autorizar en su territorio nacional a los organismos encargados del control". De ello deduce que sólo las empresas autorizadas por el Ministerio de Industria tiene capacidad legal de inspección. Una de las dos empresas catalanas, la ECA, está homologada también por Industria. Según fuentes jurídicas consultadas, Aenicre confunde el concepto de Estado miembro con el de Gobierno central de la nación, lo que en este caso no es apropiado, puesto que la Generalitat tiene capacidad de homologar como la tiene el Ministerio de Industria.