La policía investiga la presunta sustracción y venta de datos confidenciales del padrón
La policía está investigando cómo pudieron llegar los datos de todo el padrón municipal o los de una parte a una empresa de informática, cuyo responsable fue detenido el pasado día 18. Días antes, Angelina Gómez, gerente de una firma de publicidad, declaró que dicho industrial le había ofrecido información presuntamente extraída del padrón a cambio de dinero. El Ayuntamiento sospecha que puede haberse producido "un delito de sustracción de información".
La investigación policial se inició el pasado día 6, cuando Angelina Gómez Rueda, gerente de la empresa de publicidad Angoru, telefoneó al Centro Municipal de Informática (CEMI) y pidió el padrón de habitantes de Madrid, diciendo que "otras empresas lo tenían y que ella poseía una cinta con el mismo, por la que había pagado mucho dinero", según consta en un documento en poder de EL PAÍS.El concejal José María de la Riva, responsable de Coordinación y Participación Ciudadana y del CEMI, pensó inicialmente que era "imposible" que fuese cierto lo que denunciaba Angelina Gómez, debido a que el padrón es secreto y "no se vende ni se da más que a los organismos de la Administración competentes".
Pero ante la sorpresa de los responsables municipales, Gómez Rueda entregó al día siguiente en el Ayuntamiento un soporte magnético que supuestamente le había sido facilitado por una empresa de informática. Además, facilitó fotocopia de un albarán de la empresa ACM en el que figura que ésta entregó en la oficina de Angelina Gómez etiquetas adhesivas con el nombre y la dirección de 10.000 niños madrileños con edades comprendidas entre ocho y 14 años, y de varios miles más de Bilbao, Murcia y Andalucía.
Angelina Gómez declaró en el Ayuntamiento que el padrón de Madrid está en poder de determinadas empresas de informática y publicidad directa, las cuales exigen "elevadas cantidades de dinero" a las personas que se lo solicitan. Añadió que deseaba poder disponer del padrón, "si la obtención del mismo fuera factible por vía legal".
Denunció a un policía
Angelina Gómez Rueda, perteneciente al denominado Partido Español Democrático, denunció en agosto del año pasado al comisario Antonio Rosino, al que acusó de ser uno de los fundadores de los GAL. En esa fecha, relató el contenido de una conversación que, según ella, mantuvo en un hotel con este policía, el cual le habría comentado en esa ocasión que se podía acabar con ETA mediante la creación de un grupo de mercenarios. Rosino negó las acusaciones que, por otra parte, no pudieron ser probadas por la citada mujer.En el caso denunciado ahora, los servicios técnicos municipales procesaron el soporte magnético facilitado por la gerente de Angoru y, tras confeccionar diversos listados de su contenido, llegaron a la conclusión de que efectivamente se trataba de "datos relativos al padrón municipal tanto por la naturaleza de la información como por la estructura existente en los mismos".
En el padrón constan una serie de datos referentes a la intimidad de las personas, por lo que la ley ampara el derecho de los ciudadanos a que no sean difundidos. El Ayuntamiento presentó en el Juzgado de Guardia una denuncia "contra aquellas personas que resultaran responsables" de los mismos.
El juzgado de Instrucción número 3 ordenó a la Brigada Judicial de Madrid que iniciara gestiones para identificar y detener a la persona que supuestamente estaba comercializando el padrón en su propio beneficio.
El grupo octavo de la brigada, especializado en delitos monetarios, detuvo el pasado día 18 a Luis Alda Martín, de 39 años, responsable de la empresa ACM Informática y Comunicación S. A., sita en las inmediaciones del parque de la Fuente del Berro. A continuación fue puesto a disposición judicial, acusado de presunta implicación en el caso. Ayer fue imposible hablar con Alda, pese a los intentos realizados en su oficina.
Fuentes de la policía de Madrid se han negado a facilitar información sobre la marcha de las investigaciones encaminadas a comprobar si existe algún funcionario municipal implicado en el posible delito. La policía ha explicado que tales reservas obedecen a que la difusión de más datos podría entorpecer el resultado de las pesquisas.
