Curados de espanto

EL INTENTO de soborno denunciado por un miembro de la Asamblea de Madrid perteneciente a la coalición de Izquierda Unida (IU) ha venido a completar el desolador panorama político puesto de manifiesto con motivo de las mociones de censura presentadas o anunciadas por el Partido Popular (PP) y el Centro Democrático y Social (CDS). La denuncia presentada por la persona cuyo voto se pretendía supuestamente comprar provocará una investigación judicial. Es imprescindible que esta investigación esclarezca todas las implicaciones, directas o indirectas, derivadas del asunto; la opinión pública, sometida en las últimas semanas a un esperpéntico espectáculo, está curada de espanto y hace bien en no desechar ninguna hipótesis, por extravagante que parezca.Hace cuatro o cinco años, una denuncia similar hubiera sido, de entrada, enérgicamente rechazada por la opinión pública. No porque no pensase que existían personas o entidades privadas dispuestas a cualquier cosa por intereses particulares; pero sí porque se consideraba a los representantes electos incapaces de traspasar ciertos umbrales. En especial, aquellos que tuvieran que ver con la representación popular misma. Y es preciso recordar que una frontera decisiva se atravesó el día en que a alguien se le ocurrió que era posible derribar al Gobierno conservador de Galicia utilizando para ello una parte de los votos conseguidos por el propio partido objeto de la moción de censura destinada a desalojarlo del poder. Otros se habían ido de un partido con el escaño puesto, pero nunca antes había nadie osado utilizar esos escaños para torcer tan escandalosamente el veredicto de las urnas. Abierta la veda, siempre se podrían encontrar después nobles argumentos para justificar operaciones como la captación de los votos de dos concejales centristas en el Ayuntamiento de Madrid o la neutralización de cualquier Piñeiro en la Asamblea regional. Los socialistas no son en absoluto ajenos a lo que está pasando.

Y lo que está pasando es que un grave deterioro de los principios democráticos y de la moral pública se está instalando en la cotidianidad del mundo político. Tanto que se impone la adopción de medidas especiales por parte de los propios partidos antes de que los ciudadanos decidan tomarlas por su cuenta desentendiéndose abiertamente, mediante la abstención, de esos mismos partidos. En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, la propuesta de Izquierda Unida de proceder, mediante acuerdo de los grupos correspondientes, a las reformas legales que permitan disolver la Asamblea y convocar nuevas elecciones -al igual que ocurre ya en otras comunidades autónomas- debería ser tomada en consideración. Con más razón a la vista de que, tal como están las cosas, esa institución está condenada al bloqueo permanente en todas aquellas cuestiones para las que se requiera mayoría absoluta.

No cabe, sin embargo, hacer del escándalo puntual norma de comportamiento. Aprovechar estas circunstancias para practicar un permanente deterioro de la democracia es la ganancia de los nostálgicos del pasado en la sociedad de las libertades. Precisamente, una de las ventajas más hermosas de esta sociedad es que permite delimitar claramente las responsabilidades de cada uno y darles justo tratamiento en las urnas y en los juzgados. Lo que antes era imposible hacer.