Querella contra ex ministros por mantener en prisión 18 años a un criminal sin juzgarle

El grupo de abogados de la Asociación de Estudios Penales ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo para que se inicien actuaciones contra varios ex ministros de Justicia, directores de Instituciones Penitenciarias y tres magistrados. El motivo de esta querella es la situación de Manuel Delgado Villegas, el Arropiero, un famoso criminal que está recluido desde hace más de 18 años sin haber sido juzgado.

El Arropiero fue detenido el 18 de enero de 1971 en El Puerto de Santa María (Cádiz) bajo la acusación de ser el presunto homicida de su novia, Antonia Rodríguez Relinque. Además de este crimen, a Delgado se le imputaron hasta un total de 22 hechos sangrientos, sin que hasta ahora haya quedado probada su participación en ellos.

Todas las causas penales abiertas en diferentes juzgados de España contra Delgado Villegas fueron refundidas en el sumario 24/ 78, del que se hizo cargo el Juzgado Central número 2 de la entonces recién creada Audiencia Nacional. La Sección Segunda dictó el 20 de junio de 1978 un auto para archivar provisionalmente la causa y decretar el internamiento del detenido en un centro psiquiátrico, al estimar que sufría trastornos mentales.

Carece de antecedentes

Delgado nunca ha sido juzgado ni condenado, como lo prueba el hecho de que carece de antecedentes penales. Pese a ello, ha pasado 18 años recluido en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Carabanchel (Madrid) y desde hace varios meses en el de Fontcalent (Alicante), donde fue trasladado poco después de la publicación de un reportaje en EL PAÍS el 5 de junio de 1988.

La querella redactada por el letrado Emilio Rodríguez Menéndez en nombre de la Asociación de Estudios Penales de España está dirigida contra los exministros de Justicia Landelino Lavilla, Iñigo Cavero, Francisco Fernández Ordóñez y Fernando Ledesma, y contra Carlos García Valdés, Enrique Galavís, Antonio Andújar, Juan José Martínez Zato, Andrés Márquez Aranda y José Manuel Blázquez, ex directores generales de Instituciones Penitenciarias. Solicita un antejuicio para los magistrados Bienvenido Guevara, Luis Fernando Martínez Ruiz y Juan Murga Vázquez.

Los querellantes reconocen que "la condición mental de Delgado Villegas le hace potencialmente o realmente peligroso para la sociedad", pero que esto no puede asegurarse "a través de un simple auto de sobreseimiento, sino por medio de sentencia justa dictada en un juicio contradictorio y con todas las garantías".

Los abogados de el Arropiero sostienen que en el auto judicial de junio de 1978 se reconoce que éste sufre trastornos mentales que le eximen de responsabilidad criminal, por lo que debería haber sido internado en un sanatorio civil y no en un hospital de régimen penitenciario. Esta asociación considera que los altos cargos que han intervenido en el caso de el Arropiero desde 1978 pueden haber incurrido presuntamente en detención ilegal y prevaricación y solicita la realización de diligencias y el procesamiento e ingreso en prisión de los inculpados "debido a la gravedad de los hechos denunciados".