El banquillo de la amargura y la esperanza

Treinta y seis hombres y una mujer se sientan hoy en los estrados de uno de los auditorios de la Casa de Campo de Madrid para escuchar la sentencia del caso del síndrome tóxico (dos más están en rebeldía y uno ha muerto). Con ello tocan a su fin 11 meses de espera desde que terminó el juicio y se abre para ellos una nueva etapa.Desde el verano de 1981 han pasado por la cárcel, la libertad condicional y los 15 meses -de marzo de 1987 a junio de 1988- del proceso más sonado de la historia judicial española. Después, casi un año de tensa espera, oscilando entre la amargura y la esperanza.

Ocho de ellos se enfrentan a peticiones de condenas superiores a 10.000 años de cárcel, en un caso que ha costado más de 650 víctimas mortales y 20.000 enfermos en 714 familias. Son los hermanos Juan Miguel y Fernando Bengoechea, de San Sebastián; los también hermanos Ramón y Elías Ferrero y su cuñado Cándido Hernández Galán, de Alcorcón (Madrid); Enrique Salomó y Ramón Alabart, de Reus (Tarragona), y Jorge Pich, de Barcelona.

Precanciones

Cada día, los ocho principales encausados tienen que presentarse en la comisaría o cuartelillo de la Guardia Civil que les corresponde. Además, carecen de pasaporte y de documento nacional de identidad. Son las . medidas de aseguramiento" que estableció el juez instructor, Alfonso Barcala, en dos autos de julio de 1981 y junio de 1984, con el doble fin de "evitar, en la medida de lo posible, la sustracción de los procesados a la acción de la justicia y garantizar la protección de los mismos ante posibles reacciones incontroladas de grupos de personas afectadas por el denominado síndrome tóxico».

Las normas del juez han sido cumplidas, aunque en más de una comisaría ha habido cierta tolerancia en el fin de semana: "Como nunca ha dejado de cumplir...", explican en una de ellas. Los procesados han preferido las primeras o las últimas horas del día para presentarse, momentos en los que es más fácil pasar inadvertido. Periódicamente, el tribunal ha recibido los partes de presentación de los procesados. "Todo está en orden", asegura el secretario, Joaquín Casinello.

No es fácil vivir asumiendo la posibilidad de semejante culpa. Huidizos, cuando no hostiles, con la prensa, a la que achacan buena parte de sus males, mantienen que el aceite no fue la causa de las muertes, rehúyen el contacto con sus vecinos y se refugian en la familia.

Están insomnes, fuman sin parar y casi todos dicen que están arruinados. Las suspicacias les han dividido en parejas: Elías Ferrero y Cándido Hernández Galán mantienen una estrecha relación e incluso van juntos a presentarse a la comisaría, pero apenas se tratan con Ramón Ferrero. Salomó y Alabart, nacidos y criados en Reus, también hacen causa común en su desgracia. Muchos de ellos, como Hernández Galán o Salomó, tienen hijos mayores que no han quedado incólumes tras las tensiones familiares.

Su relato pasa del "todo esto ha sido un montaje" a declaraciones de confianza ilimitada en el tribunal. Ramón Ferrero resulta patético cuando exhibe sus enormes carpetas llenas de papeles, para él pruebas irrefutables de una conjura cada vez más improbable, o cuando habla de cómo le miran a veces en alguno de los muchos empleos por los que ha pasado.

Él se mata a trabajar, como su cuñado Cándido, como Ramón Alabart, e igual que Salomó anda por el campo horas y horas: para evadirse. El, silencio de los hermanos Bengoechea es otra cara de la circunspección de Jorge Pich: todo ha sido un error, el tribunal lo dirá, y si no, recurriremos.