El juicio más largo
El envenenamiento masivo ocurrido en 1981 ha dado lugar al juicio más largo de la historia de España. Comenzó el 30 de marzo de 1987 y concluyó, tras 15 meses de sesiones, el 28 de junio de 1988. La instrucción del sumario, a cargo de¡ magistrado Alfonso Barcala, había quedado concluida el 16 de septiembre de 1985.Todos los datos relacionados con este caso le confieren un carácter singularmente voluminoso y dramático.
El número de muertos contabilizados en abril de 1988, según los datos manejados por el fiscal, Eduardo Fungairiño, ascendía a 650, frente al anterior cálculo, de abril de 1986, que situaba la cifra en 584 fallecidos. El último de ellos ha sido Raimundo Rudilla, de 59 años, enfermo desde hacía siete, quien murió el pasado día 13 en Madrid. Además, unas 25.000 personas resultaron intoxicadas en diverso grado.
El número de procesados es también elevado: 40 personas han sido encausadas en relación con el envenenamiento o el comercio irregular de aceite, aunque dos de ellas están fugadas. Uno de los procesados, el industrial Juan Santacana Bayés, falleció en Barcelona el pasado mes de marzo como consecuencia de un infarto de miocardio.
En el juicio declararon más de 2.000 testigos, e informaron como peritos algo más de 200 científicos españoles y extranjeros.
Los gastos de la vista oral, aún no evaluados, han superado los mil millones, 400 de los cuales se dedicaron al acondicionamiento de los edificios utilizados durante el proceso en el auditorio del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid.
Innovaciones técnicas
Entre las innovaciones técnicas incorporadas para el desarrollo del proceso destacan la utilización de la televisión para cumplir con el principio de publicidad de la vista, la transmisión por circuito cerrado de televisión a una sala de Prensa, la grabación íntegra de las sesiones en vídeo y la realización del acta por medio de transcripción de cintas magnetofónicas.
Al final de la vista, el fiscal mantuvo su acusación por delitos contra la salud pública con resultado de homicidios, lesiones, estafas y falsedades, y reflejó que el "afán desmesurado de lucro a costa de la salud humana ha sido el determinante de esa tremenda intoxicación".
Las penas pedidas por el fiscal para los principales acusados son: 61.875 años de cárcel para Enric Salomó; 60.774, para Ramón Alabart; 60.535, para los hermanos Ramón y Elías Ferrero y su socio Cándido Hernández Galán; 60.526, para los hermanos Juan Miguel y Femando Bengoechea y Jorge Pich, y de 1. 125 años para los hermanos Tomás y Agustín Baviera.
