La odisea del aborto legal

Casi 35.000 mujeres, según datos del Ministerio de Sanidad y Consumo, han interrumpido legalmente su embarazo desde que en 1985 entró en vigor la ley que despenalizaba algunos casos de aborto. Pero un estudio reciente de la Federación de Asociaciones de Planificación Familiar sitúa en 64.000 las mujeres que abortaron en nuestro país en 1988. Los números -oficiales o estimados- no indican cuál es la realidad del aborto en España: cada una de esas mujeres ha tenido que sortear una dura carrera de obstáculos para poder ampararse en la ley.

La primera aproximación a las dficultades que encuentran las mujeres que abortan en nuestro país la ofrecen los datos oficiales: el 95% de las 16.900 interrupciones voluntarias de embarazo que, según el Ministerio de Sanidad y Consumo, se realizaron legalmente en 1988 fueron practicadas en clínicas privadas.En un proceso en que el tiempo es fundamental, el retraso que imponen los requisitos burocráticos y el riesgo de que su situación se conozca fuera del ámbito estrictamente médico hacen más penosa la espera y provoca en muchas mujeres la elección de un centro privado, donde se agilizan mucho los trámites, según Consuelo Ruiz Jarabo, secretaria de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Marcadas por esa angustia, 14 mujeres interrumpieron, durante 1987, otros tantos embarazos surgidos como consecuencia de una violación. También ese mismo año 213 mujeres se decidieron a no tener sus hijos tras conocer el resultado de las pruebas médicas que indicaban que tendrían un niño con malformaciones y otras 15.989 mujeres optaron por interrumpir la gestación porque continuar con ella suponía un grave riesgo para su salud.

Pero para ello esas mujeres necesitaron que un cardiólogo, un oncólogo, un radiólogo o cualquier otro especialista certificara la necesidad del aborto. Y no siempre los médicos están dispuestos a firmar lo que verbalmente manifiestan como la opinión científica más adecuada.

Objeción de conciencia

Esa contradicción es uno de los principales escollo para que la ley se aplique con agilidad. Un aborto legal puede practicarse en cualquier hospital en el que pueda dar a luz una mujer, y cualquier médico capacitado para atender un parto lo está, también, para ejecutar un aborto, según el Instituto Nacional de la Salud (Insalud). La Administración, además, tiene que garantizar a toda mujer cuyo caso esté incluido en los tres supuestos despenalizados que se le interrumpa su embarazo. Pero la mayor parte de los médicos del Insalud utilizan la cláusula de conciencia para no prestar ese servicio.Muchas mujeres tienen que desplazarse a otras provincias para recibir una atención sanitaria que la ley les garantiza, y que las direcciones provinciales del Insalud tramitan directamente si no lo hacen los médicos. En España se realizan abortos en sólo 21 provincias, en 35 centros. En comunidades como Extremadura, Murcia, La Rioja y Navarra no se realizan abortos. De las nueve provincias de Castilla y León, sólo en dos centros públicos se llevan a cabo. Sin embargo, en la provincia de Valencia existen siete centros -públicos y privados-, y en Asturias, tres. El hospital de Móstoles, en Madrid, y el hospital Severo Ochoa de Leganés, también en Madrid, se hacen cargo de buena parte de las intervenciones que no realizan los ginecólogos de otros centros asistenciales públicos, tanto de la Comunidad de Madrid como de otras provincias españolas.

Desde otras provincias

La mitad de las mujeres atendidas en el hospital de Móstoles no corresponden al área de salud del centro, según el jefe de servicio, Javier Ferrolaza. Tres hospitales más, La Paz, Doce de Octubre y la maternidad provincial completan la lista de hospitales públicos madrileños que realizan algunas interrupciones. Según un dictamen del letrado Manuel Cobo del Rosal solicitado por el Insalud, se podría obligar a los médicos contratados por la Administración a realizar un aborto siempre que no exista otro funcionario que lo ejecute. Pero el Insalud ha optado por desviar los casos de áreas de salud en las que los médicos son objetores a centros de otras provincias. Consuelo Ruiz Jarabo asegura que la Administración está subvencionando en parte algunos abortos que se realizan en clínicas privadas.El número de médicos objetores no está contabilizado. Según el Insalud, en cada hospital se conoce exactamente qué médicos están dispuestos a realizarlos. Pero no se les exige ninguna declaración. José Luis Díaz, director médico del hospital de Valdecilla, en Santander, está satisfecho de que su centro cuente con un 25% de no objetores capaz de atender la demanda de Cantabria.