El congreso de los abogados
Como muchos otros compañeros, yo no he querido asistir a las reuniones del V Congreso de la Abogacía Española en calidad de abogado.Lo que ha sucedido en el congreso no es ni más ni menos que lo que nos esperábamos quienes estamos disconformes con la gestión de la actual junta de gobierno.
Sin embargo, los propios abogados somos culpables de que el equipo dirigido por el señor Pedrol continúe durante tantos años gobernando, porque cada vez que hay elecciones, los únicos colegiados que acuden masivamente a las urnas son los que, en efecto, votan a su favor, actitud que, por otra parte, nos invitaría a una larga reflexión sobre la importancia de la abstención en cualquier institución democrática.
Por consiguiente, los profesionales hemos de aceptar las reglas del juego y tratar de poner los medios para que, dentro de la legalidad, las cosas puedan cambiar.
En el acto de inauguración del congreso, todos los participantes estuvieron fuera del lugar que les corresponde; el señor ministro de Justicia acudió, invitado por el congreso, y fue tratado con grave incorrección. El decano, señor Pedrol, con la actitud que le caracteriza de saber nadar entre aguas, afirmó en presencia del ministro Múgica que los abogados eran los anfitriones, y que tenían un deber de respeto y consideración hacia el orador; pero tal afirmación no fue sincera y, en consecuencia, una vez el señor ministro hubo abandonado el auditorio, Pedrol se dirigió a los asistentes y dijo: "Queridos compañeros, ya estamos solos", lo que indudablemente no sólo es una falta de consideración personal hacia el orador ya ausente, sino también un acto de mala educación.
Pantomima
En verdad, el congreso ha pretendido ser una pantomima plebiscitaria a favor del sector llamado oficialista, y precisamente el abandono de los críticos, al dejar solos a los primeros, ha conseguido que así sea. Una vez realmente solos el señor Pedrol y quienes le apoyan, las ponencias fueron aprobadas mayoritariamente, sin modificaciones ni problemas de importancia.Han faltado en el congreso los verdaderos problemas de la abogacía, con exclusión de los que corresponden a la Administración de justicia, que por graves y de muy urgente solución que parezca su tratamiento y estudio, no son de la competencia de la presente asamblea.
A este respecto, quiero aprovechar este momento para hacer constar que el intento y la voluntad de solucionar los problemas de la justicia por parte del Gobierno está siendo estimable, y su mal desarrollo en la práctica ha sido consecuencia de la poca colaboración de todos los funcionarios, en gran medida, y fundamentalmente de la inercia del mal hacer al que desde hace muchos años estábamos acostumbrados.
La mayoría de los verdaderos problemas de la abogacía ni siquiera han sido objeto del programa del congreso; podríamos haber hablado de la libertad de creación de colegios de abogados debidamente reglamentados, con el fin de que haya una sana y libre competencia, por ejemplo.
Tema de gran interés sería pensar que no parece muy coherente, ante la posibilidad de quedespués de la incorporación a la Europa comunitaria, que los abogados de toda Europa puedan ejercer en cualquier lugar de España y los colegiados de una provincia española no puedan ejercer libremente en todo el territorio español, ni siquiera en todas las provincias de su propia comunidad autónoma y, en determinados casos, tampoco en todos los pueblos de su propia provincia, como sucede, por ejemplo, en Madrid, en que los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid no pueden ejercer en el territorio del no menos Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares.
Marionetas
Este es realmente el principal problema de la abogacía. Los colegios de abogados y mutualidades que administran enormes cantidades de dinero, salidas no sólo de los propios colegiados, sino también de la sociedad entera, las manejan al libre albedrío unas juntas de gobierno que no defienden a los abogados, construyen costosos edificios para oficinas, grandes despachos y salones para uso de sus decanos y juntas de gobierno, y tratan a veces al resto de los colegiados como si fueran marionetas cuyos movimientos están sujetos al radio de acción de los hilos que las sujetan.La única solución verdadera a este problema sería la disolución de los colegios actuales y la libertad de los abogados para agruparse en asociaciones competitivas que realmente defiendan y protejan sus intereses.
Hay en España demasiados abogados para una sola corporación, y en la situación actual siempre habrá minoría, a veces muy importantes, que no se muestren conformes con las mayorías que hayan elegido las juntas de gobierno.
No he querido con este breve comentario ni personalizar ni entrar en la casuística de los sucesos que diariamente son motivos de queja para los compañeros que tienen que soportar las arbitrariedades de una junta de gobierno que no protege sus intereses.
Recientemente hemos leído que la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Madrid se ha reunido para intentar sancionar a un profesional por pretender defender acaloradamente al señor Ruiz-Mateos.
Enrique Sánchez-Prieto es abogado.
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