La provocación

LA ESTRATEGIA de los terroristas, antes y ahora, es inseparable de la provocación. Pero la desautorización expresa de sus acciones por parte de la inmensa mayoría de los ciudadanos vascos y dje sus instituciones representativas ha desplazado el sujeto pasivo de esa provocación de la sociedad vasca al conjunto de la sociedad española. Ya no se trata, como antaño, de provocar una dinámica de acción-represión-acción destinada a poner de su parte, por adhesión voluntaria o temor insuperable, a sectores de la población,sino de golpear, unas veces de manera selectiva y otras indiscriminada, buscando lo que los expertos llaman "desistimiento" por parte de sectores cualificados del Estado o incluso del conjunto de la población. Es decir, provocar tal exasperación en los colectivos más directamente afectados que su reacción sea la de exigir a los poderes legítimos "soluciones": aquellas precisamente que los terroristas utilizan corno coartada para justificar sus crímenes.Al atentar contra funcionarios penitenciarios, ETA trata de intervenir sobre un colectivo, sus propios presos, que, tras haber constituido durante años su principal bandera, amenaza con convertirse ahora en factor de desagregación interna. Al provocar a los funcionarios, se buscan reacciones pasionales de éstos -amenazas, exigencia de uso de pistolas, cuestionamiento de la política de reinserción, etcétera-,destinadas, a su vez, a convertirse en cemento cohesionador del colectivo de presos que se relaciona cotidianamente con ellos en las cárceles. Sin embargo, la institución penitenciaria como tal no ha cedido a tan burda provocación y ha respondido con serenidad y entereza al zarpazo del último atentado terrorista de ETA, del que por puro milagro ha logrado escapar con vida uno de sus funcionarios. En un comunicado de su estamento directivo y de los sindicatos y asociaciones profesionales que encuadran a la mayoría de sus funcionarios se afirma inequívocamente que "la institución penitenciaria no caerá en la provocación terrorista, y responderá a estos hechos con el cumplimiento riguroso del mandato constitucional que tiene asignado". Esta reacción es la que corresponde a una institución que asume fundamentales tareas al servicio de la sociedad, y que en los últimos años ha realizado meritorios esfuerzos por adaptar su estructura y funcionamiento a los fines resocializadores que la Constitución asigna a las penas de privación de libertad. No es la primera vez que la institución penitenciaria se convierte en blanco de la barbarie terrorista de ETA. En octubre de 1983, el médico titular de la cárcel de El Puerto de Santa María, Alfredo Jorge Suar, fue asesinado por la banda terrorista. La respuesta de las asocíaciones profesionales y sindicales de los funcionarios de prisiones fue entonces del mismo tenor que la de ahora. Contrasta tristemente con esta trayectoria y con estos antecedentes la postura de los funcionarios de la cárcel de Albacete, que han llegado a afirmar que, en un supuesto similar, "no responderán de la integridad fisica de los etarras existentes en el centro", seis, según parece, en estos momentos. Nada favorecería más a los propósitos de los terroristas que servidores del Estado cediesen a una ofuscación semejante.

A nadie se le escapa el papel que cabe a los funcionarios de prisiones en el fracaso de la estrategia provocadora de ETA. Los sindicatos y organizaciones profesionales correspondientes están plenamente legitimados para tratar los problemas especiales de trabajo y seguridad que la presencia de presos etarras conlleva. Pero tomar base en ello para cuestionar la política antiterrorista del Gobierno, como hace alguna asociación funcionarial minoritaria, es un juego harto peligroso.