La policía de Alicante investiga más de 300 casos de fraude al Inem

Un bufete de abogados, en el que participa el letrado Roberto, GH y con el que, al parecer, colaboraban Ramón Molina y Luiss Morán, dos sindicalistas expulsados de UGT en Monóvar (Alicante), es el presunto responsable de una organización que tramitaba de manera fraudulenta expedientes para percibir el subsidio de desempleo y del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). La Dirección Provincial de Trabajo, que descubrió el asunto el pasado mes de febrero, ha puesto el caso en manos de la fiscalía de la Audiencia Provincial, en el que podrían estar implicadas más de 300 personas, entre trabajadores y empresarios del calzado.

La fiscalía ha abierto diligencias penales contra un número indeterminado de personas, todas ellas residentes en la zona zapatera del Vinalopó, la mayoría de las cuales residen en Monóvar y Elda. Cerca del 80% de la producción de calzado de la zona se obtiene en régimen de economía sumergida, según ha comentado el fiscal jefe de Alicante, Ricard Cabedo. Dos policías del Grupo de Investigación de la Seguridad Social (GISS) han interrogado ya a más de un centenar de personas y el próximo lunes se reunirán con Ricard Cabedo y el fiscal Jorge Rabasa, que ha sido designado para el caso, para analizar el resultado de sus primeras averiguaciones.Trabajo detectó a finales del mes de febrero pasado un incremento sustancial de expedientes para acogerse al subsidio de desempleo, en su mayoría de vecinos de Monóvar. Los servicios de inspección comprobaron que la mayoría de ellos pertenecían a personas que aseguraban haber trabajado, a domicilio, como aparadoras o categorías similares, por un período de cinco años, para empresas inexistentes o que habían cerrado sus puertas. Los salarios que aseguraban percibir oscilaban entre las 15.000 y 20.000 pesetas, sensiblemente superiores a los actuales.

Por ninguno de ellos las empresas habían satisfecho las cuotas de la Seguridad Social, que no pueden ser reclamadas al haber desaparecido las empresas, y la demanda de subsidio se justificaba tras obtener sentencia favorable de Magistratura de Trabajo.