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COMUNICACIÓN

La Administración cortará los cables de vídeos comunitarios en zonas públicas

La Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones ha comenzado un plan para cortar los cables instalados por los vídeos comunitarios en zonas de dominio público, según fuentes de la Administración. Se han abierto al menos tres expedientes a empresas de vídeo que tenían conectados bloques de más de 500 viviendas.Los vídeos comunitarios, que dicen llegar a un millón y medio de hogares españoles (principalmente de las zonas de Andalucía, Extremadura, Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha), han reclamado su derecho a convertirse en la primera televisión por cable. Los expedientes abiertos hasta ahora corresponden a una empresa en Córdoba y dos en Murcia. El plan de la Administración prevé un plazo de un mes, que comenzó el pasado 15 de abril, para localizar y abrir ex pediente a los vídeos comunitarios que tengan instalación en manzanas de más de 500 viviendas. Del 15 de mayo al 15 de junio próximos, se procederá a inspeccionar las manzanas de 400 viviendas, y así hasta completar una primera fase, que acabará el 15 de julio con el corte de los cables en las manzanas con 200 viviendas.

Los inspectores enviados por las delegaciones provinciales del Ministerio de Transportes investigan las posibles irregularidades, bien por sus propios medios o ayudados por asociaciones que operan en el sector del vídeo y que conocen las empresas que explotan estos servicios; levantan acta de las irregularidades y las envían a la dirección general.

Manzanas más numerosas

Según fuentes de la Administración, se ha comenzado a actuar por las manzanas más numerosas "porque en ellas se operan con un mayor volumen de negocio y siempre para hacer cumplir el artículo 25 de la ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT), que limita de hecho el funcionamiento de los vídeos comunitarios exclusivamente a las redes de cable que no atraviesan vías de dominio público". En la LOT se daba un año para que se adaptaran los vídeos comunitarios a esta norma. Este plazo se cumplió el pasado mes de diciembre, y la Administración concedió un nuevo plazo mientras trataba de llegar a un acuerdo con las empresas. Este acuerdo no se produjo.Fuentes jurídicas de los videos comunitarios han afirmado que hasta ahora sólo conocen dos expedientes que llevan implícita la amenaza de precintar las instalaciones a dos empresas de Murcia, y han añadido que seguirán funcionando hasta que haya una resolución judicial. "No es la primera vez que los tribunales nos dan la razón". Según responsables de los vídeos comunitarios, "se va a crear un conflicto social seguro con esta medida". "El corte a las empresas que operan en manzanas de más de 500 vecinos puede significar la quiebra de la empresa", han añadido.

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