El Ayuntamiento pretende reducir a la mitad los gastos a justificar
La corporación socialista del Ayuntamiento de Madrid pretende reducir este año a la mitad los gastos generados por cuentas a justificar o pagos anticipados que han de ser fiscalizados necesariamente por la Intervención General. El concejal de Hacienda, Alfredo Tejero, afirmó ayer que los 5.450 millones de pesetas acumulados por este concepto desde junio de 1987 hasta principios de este año "están justificados en su práctica totalidad y a la espera de ser fiscalizados en los próximos cuatro meses".Según Tejero, el nuevo sistema que funciona desde enero de 1989, con la potenciación de las intervenciones delegadas en juntas municipales y áreas, va a poner fin a situaciones como la de los últimos años, con montañas de expedientes a la espera de ser fiscalizados. La supresión de algunos gastos hasta ahora calificados como "a justificar", sobre todo contratos de servicios, permitirán agilizar estas tareas.
Según los datos facilitados a la comisión especial de cuentas el lunes, un total de 1.075 cuentas -5.150 millones de pesetas- desde Junio de 1987 han sido ya rendidas por los funcionarios municipales a quienes se anticipó el dinero. Sin embargo, ninguna de ellas ha pasado todavía por el filtro oficial de control del gasto: la Intervención General.
Otras 46 cuentas acumuladas en as mismas fechas, que suman en total 300 millones de pesetas, no han sido aún rendidas por los funcionarios. El Ayuntamiento se ha comprometido a dar salida a todos estos expedientes acumulados en un plazo máximo de cuatro meses.
Según Tejero, de las otras 1.375 cuentas acumuladas entre 1983 y 1987 (3.174 millones de pesetas) que no dio tiempo a aprobar en la pasada legislatura, un total de 929 han sido ya fiscalizadas, mientras que otras 85 están pasando actualmente por Intervención General.
Tejero calificó ayer de erróneas las críticas de Luis María Huete, concejal del Partido Popular, que afirmó que la disminución del número de interventores generales en las juntas municipales -de 18 a 10- va a disminuir la capacidad de control sobre el gasto público.
