Un cambio necesario

TRAS CASI 20 años de vigencia de la ley general de Educación, de 1970, hay razones más que suficientes para la reforma del sistema educativo no universitario que ahora se anuncia: las que el propio Gobierno apunta en el Libro Blanco que el pasado sábado presentó el ministro Solana y muchas otras que están en el ánimo de toda la sociedad. Entre las razones esgrimidas por los autores del proyecto destaca la referente al desfase entre el final del período de escolaridad obligatoria y gratuita actual (a los 14 años) y la edad mínima laboral (16 años). De ahí que uno de los primeros objetivos de la nueva ley sea la ampliación de dicho período en dos años, asunto sobre el que existe un amplio consenso en la sociedad española.Otro aspecto abordado es el de la formación profesional (FP), considerada desde siempre la hermana pobre del sistema educativo. Su reforma viene considerándose desde hace años, por casi todos los especialistas, como un objetivo prioritario, en la medida en que de ella depende no sólo la formación de los jóvenes profesionales que necesita una industria capaz de competir en términos de igualdad con la de los países más adelantados de nuestro entorno, sino también la imprescindible corrección de la actual tendencia de los jóvenes españoles a considerar a la Universidad la única salida posible. Está por ver si la nueva estructura que se proyecta para la FP, a cuyo nivel superior se accederá después de terminar el bachillerato, es capaz de producir el cambio que todos esperan. La concepción de este tramo educativo como una responsabilidad compartida por el mundo productivo y el propio sistema educativo, y sobre todo la adecuación de los programas, contenidos y métodos a las reales necesidades de una industria en proceso continuo de transformación, puede contribuir a la eficacia de la reforma.

Otra razón para el cambio es la caótica regulación actual, si es que hay alguna, de la etapa anterior a la de escolaridad obligatoria (cero a seis años), hoy a caballo entre la mera guardería o aparcamiento de niños y una precoz y antipedagógica anticipación de la enseñanza primaria. Era, pues, imprescindible que por fin el Ministerio de Educación asumiera la competencia, a la que nunca debió renunciar, sobre este espacio educativo, del que, según los pedagogos, depende en importante medida el éxito o el fracaso de todo el proceso educativo de nuestros jóvenes.

El establecimiento de cuatro modalidades de bachillerato es una decisión que seguramente no conseguirá el alto grado de acuerdo que es de esperar para el planteamiento del resto de la reforma, puesto que probablemente nunca cesará la discusión entre los partidarios de una enseñanza media de carácter polivalente lo más amplia posible y quienes defienden, por el contrario, la necesidad de anticipar cierto grado de especialización en ese período formativo. El hecho de que la elección de una u otra modalidad de los cuatro bachilleratos que se propugnan se vaya a producir a los 16 años parece bastante prudente si además se garantizan caminos para la corrección de la dirección escogida. Sin olvidar, por lo demás, que el bachillerato habrá de atender tanto a su función preparatoria para el acceso a la enseñanza superior como a su carácter de formación terminal o de paso al mundo de la formación profesional.

Pero el éxito definitivo de la reforma depende de la aportación de los medios necesarios para llevarla a cabo, entre los que destaca especialmente la formación del profesorado. No está claro que vayan a ser suficientes los dos años que el ministerio se tomará para acometer los grandes planes de adecuación de la actual infraestructura educativa descritos en el proyecto, entre los que sobresalen los relativos a la mejora de la formación de los especialistas en educación física, enseñanzas musicales y artística y de lenguas extranjeras. El estado actual de estas últimas es una de las grandes lagunas de nuestro sistema educativo, pero no la única: la actual concepción de la enseñanza de las matemáticas y de una materia instrumental de primera magnitud como la de la lengua materna no son menos preocupantes. El lamentable nivel actual de expresión oral y escrita del idioma castellano, y en general de todas las lenguas españolas, requiere un cambio radical del planteamiento de su enseñanza. Con todo, si bien es importante el proceso de debate que ahora mismo se abre sobre el nuevo diseño de los planes de estudio que la futura enseñanza requiere, el cambio de los contenidos será estéril si los métodos didácticos y pedagógicos no cambian también radicalmente.

El esfuerzo que supone planificar la financiación de la reforma debería favorecer un consenso político sobre su contenido, para lo que a su vez será necesario que todos los partidos sean capaces de olvidar la nefasta tendencia a las guerras ideológicas que han caracterizado la historia de la educación en nuestro país.