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Hay que escuchar siempre a las dos partes

El lunes 20 de marzo, el corresponsal en Córdoba, José Luis Rodríguez, se hacía eco en EL PAÍS (edición de Andalucía) de la solicitud de dimisión de la concejala comunista Blanca Ciudad Imedio (teniente de alcalde) formulada por Antonio Moral, portavoz del grupo municipal independiente del Ayuntamiento de aquella capital. Rodríguez contaba que Moral pedía que dimitiera Ciudad porque entendía que había actuado irresponsablemente en la adjudicación de unas obras a dos empresas en las que participan dos ex concejales del Partido Comunista de Andalucía y un empleado del Ayuntamiento.El miércoles 22 (también en la edición de Andalucía), Rodríguez volvía sobre el asunto: el grupo municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Córdoba -anunciaba- presentará una moción para que se constituya una comisión investigadora sobre el tráfico de influencias. Y recordaba de nuevo la petición de dimisión de la concejala Blanca Ciudad.

El mismo día 22, Blanca Ciudad remitía por telefax al director del periódico una carta rogando que se desmintieran aquellas afirmaciones, que consideraba "calumniosas y falsas", respecto a su persona. La teniente de alcalde decía: "Lo menos que hubiese debido hacer ese corresponsal, según el Libro de estilo de ese periódico, era cotejar esas opiniones con las mías y, de no poder conversar conmigo, haber hecho la salvedad en sus informaciones de que no había confrontado las afirmaciones contenidas en ellas".

Copia de la carta de Ciudad fue transmitida de inmediato al delegado de EL PAÍS en Andalucía, Fernando Orgambides, quien encomendó a José Luis Rodríguez que recabara la opinión de la teniente de alcalde. "Rodríguez hizo una gestión telefónica ese mismo día", explica el delegado, "y me comunicó que la señora Ciudad estaba ausente de Córdoba". Fue localizada 24 horas después por el corresponsal. Y hablaron. Entonces Rodríguez comunicó a Orgambides que le llegaría la información solicitada en breve plazo.

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Orgambides conversó telefónicamente con Blanca Ciudad. "Le comenté dos cuestiones", cuenta, "la primera, que no podía acusar al corresponsal de una información que él simplemente se había limitado a recoger de boca de personas físicas, y la segunda, que sí, en cambio, tenía razón en que debió ser consultada". Blanca Ciudad le dijo entonces que ya había hablado con el corresponsal, por lo que Orgambides le anunció que en los próximos días saldría publicada su versión de los hechos. Y así ocurrió en las páginas de la edición de Andalucía del martes 28. Pero ya el día anterior Blanca Ciudad había transmitido por telefax una nueva carta, en esta ocasión dirigida al defensor de los lectores, en la que reiteraba los términos de la primera. Con posterioridad al día 28, el defensor habló con la teniente de alcalde cordobesa. Pese a que se había publicado su versión de los hechos, Ciudad insistió en que EL PAÍS había faltado a una de sus normas y era un asunto para ser tratado por el ombudsman.

El corresponsal José Luis Rodríguez admite: "Efectivamente, como dice la concejala en su escrito, no acudí a pedir su versión ante las declaraciones de dos portavoces de grupos municipales del Ayuntamiento". En su descargo explica que sólo contaba con 15 líneas para exponer la situación general y los planteamientos de los protagonistas. "El reflejo directo del contenido de una conferencia de prensa", dice Rodríguez, "es práctica diaria en todos los medios de comunicación españoles, y no equivale a no respetar el derecho a la réplica, sino que responde posiblemente a criterios de agilidad y al gran número de declaraciones políticas que se producen, como en este caso las que corresponden a compañeros de corporación municipal de Blanca Ciudad".

No es la primera vez que en esta sección se recuerda que, efectivamente, el Libro de estilo de EL PAÍS establece que en los casos conflictivos -como el que nos ocupa- hay que escuchar o acudir siempre a las dos partes litigantes. "La falta de voz de una de las partes", hemos escrito aquí hace tiempo, "daña no sólo a esa parte, sino también a la credibilidad del autor y de la publicación". La opinión de Blanca Ciudad fue publicada -la voluntad de reparar el fallo es manifiesta-, pero lo fue seis días después de la anterior información en que se recogía la acusación de tráfico de influencias. Y después también de que la interesada enviara dos quejas al periódico. Para quienes leyeran sólo las primeras noticias, Blanca Ciudad no fue escuchada.

"Cabellos de punta"

"...esas dos personas que han dicho 'no va más', esgrimiendo pretextos sorprendentemente pueriles -y en todo caso escandalosamente insuficientes para justificar la muerte de seres humanos-, han sido capaces...". Esta frase del editorial titulado ETA quema sus naves (EL PAÍS, 5 de abril), con motivo, ha "erizado los cabellos" y "puesto piel de gallina" a un lector. "No puedo ni nunca podré entender", escribe al defensor de los lectores, "la necesidad de adje tivar los pretextos para justificar la muerte de seres humanos". Agrega: "En definitiva, siempre serán insuficientes, y por consiguiente no ha lugar a que lo sean de modo escandaloso". Lo que más le preocupa "es la posible interpretación que se puede hacer de la lectura de que pudiesen llegar a ser suficientes". El editorialista se apresura a reconocer: "En mi opinión, el comunicante tiene razón".

Lo que se quiso decir en esa frase no era ni por lo más remoto lo que leída en frío resultó, como -implícitamente admite el lector. Tampoco el autor del titular (los viejos periodistas aseguran que se publicó hace muchísimo en no sabemos qué diario) Mata a su madre sin causa justificada pretendió decir la barbaridad que encerraba.

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