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SóIo seis instituciones se han adherido al Sistema Español de Museos, dos años después de su creación

Cinco de los centros incorporados a la red estatal se encuentran en Cataluña

Sólo seis museos de titularidad no estatal se han incorporado al Sistema Español de Museos (SEM) desde su creación, en abril de 1987. De estos seis centros, tres son propiedad del Ayuntamiento de Barcelona -gobernado por los socialistas- y otros dos, ubicados también en la capital catalana, cuentan con la colaboración del municipio. La adhesión de estas instituciones a la red estatal ha causado un fuerte malestar en la Administración autónoma, dirigida por la coalición que encabeza Jordi Pujol, que considera la misma "como un intento del Estado por recuperar competencias ya traspasada", según el director general del Patrimonio de la Generalitat, Eduard Carbonell.

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Una red desconocida

El SEM, cuya existencia regula el decreto 620/1987, del 10 de abril, está integrado por tres grandes grupos de museos: los 63 de titularidad estatal adscritos al Ministerio de Cultura -apartado que incluye a aquellos cuya gestión ha sido traspasada a las distintas comunidades autónomas, como el Museo Arqueológico de Tarragona o el de Arte Contemporáneo de Sevilla-; los 8 que pertenecen a otras instituciones del Estado -como el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-; y, los de propiedad privada o no estatal que por la importancia de sus colecciones se adhieren voluntariamente.Sólo seis instituciones museísticas pertenecientes a este último grupo se han adherido al SEM. Se trata de los museos de Arte, de Arte Moderno y Picasso, los tres propiedad del Ayuntamiento de Barcelona; las fundaciones Antoni Tàpies y Joan Miró, radicadas también en la capital catalana y a cuyo patronato pertenecen el Ayuntamiento y la Generalitat; y, el Museo Nacional del Vidrio, en Segovia.

Carbonell criticó duramente la adhesión al SEM de los mencionados museos, entre otras razones .porque podría entrar en contradicción" con la ley de Museos que prepara el ejecutivo catalán. El director general aludió a la posibilidad de que las mencionadas incorporaciones se hubieran producido "como una especie de prevención ante lo que pueda pasar con la nueva ley", cuyos dos proyectos anteriores fueron rechazados por los socialistas.

La actitud crítica al SEM expresada ahora por el gobierno de la Generalitat reitera la posición mantenida a principios del pasado año, fecha en que se produjo la incorporación a la red estatal de los tres museos del Ayuntamiento de Barcelona. La Administración autonómica, a través del entonces conseller de Cultura, Joaquim Ferrer, ya manifestó al ministerio su disconformidad con la incorporación al SEM de los museos de Arte y de Arte Moderno, cuyo modelo de gestión podía quedar afectado por un futura ley de Museos, según informaron ayer fuentes de la Generálitat. Fuentes municipales aseguraron, en cambio, que la institución autonómica no utilizó el derecho a ser oída -que le da el mencionado decreto-, ya que la comunicación remitida por el Ayuntamiento al secretario general de la Presidencia de la Generalitat "no obtuvo respuesta".

La pertenencia al SEM no implica para las instituciones adheridas al mismo ninguna dependencia orgánica o fimicional del Ministerio de Cultura.

Instrumento de cooperación

El SEM no fue creado como un órgano administrativo, sino como un instrumento destinado a facilitar la "adopción voluntaria de un conjunto de medidas, en orden a su correcto funcionamiento y a una unidad de criterios que faciliten el trabajo", según fuentes del Ministerio de Cultura. El convenio de incorporación al SEM sólo obliga a sus miembros a "cooperar" en aspectos relacionados con "la documentación, investigación, conservación y restauración de fondos museísticos, así como en exposiciones y actividades museológicas y perfeccionamiento del personal".Para los museos privados o institucionales de titularidad no estatal, la incorporación al sistema resulta indispensable para obtener ayudas de tipo técnico y económico. El SEM dispone para este año de un presupuesto para inversiones de 200 millones de pesetas, que serán repartidos una vez estudiadas las distintas peticiones, cuyo plazo de presentación no ha sido convocado.

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