El reto tecnológico
EN EL encuentro de científicos españoles residentes en el extranjero, en Estados Unidos y Europa sobre todo, que se ha celebrado recientemente en Madrid, se ha puesto de manifiesto que la mayor parte de estos cerebros apenas conocían las directrices marcadas por las autoridades españolas en investigación y desarrollo, plasmadas en la ley de la Ciencia y en el Plan Nacional de Investigación. Ese desconocimiento, sin duda basado en el tradicional desprecio de los distintos gobiernos por todo aquello que no tenga una rentabilidad política o propagandística inmediata, conlleva, entre otras cosas, el recíproco recelo de la tribu investigadora y, consiguientemente, la escasez de profesionales de reconocido prestigio científico que se presten a valorar el nivel de proyectos y la calidad de las investigaciones que se realizan en España, objetivos anhelados por el Ministerio de Educación y Ciencia, organizador del citado encuentro. Un año después de iniciado el Plan Nacional de Investigación se conocen algunos resultados -la coordinación por primera vez de los recursos de investigación en España y el aumento considerable de investigadores en formación-, pero apenas se conocen las consecuencias de lo que se está investigando. Se sabe que el número de proyectos presentados en la ventanilla correspondiente desbordan todas las expectativas, y que gran parte de ellos se quedan en simples proyectos porque no logran obtener los todavía escasos fondos estatales. Algunos programas que en un principio eran prioritarios: robótica, inmunología, toxicología, calidad de vida, entre otros, ahora están en cuarentena a la espera de que se formen suficientes investigadores que puedan llevarlos a cabo. Las intenciones son las de invertir más dinero en programas como la investigación espacial, las tecnologías de la información o los nuevos materiales, donde las empresas españolas no son competitivas, para que hagan de locomotora de otros sectores, y en este sentido España se ha comprometido a aportar 216.000 millones de pesetas a la Agencia Espacial Europea (AEE) hasta el año 2000.
La investigación científica se debate entre una dedicación presupuestaria escasa -si bien el ministro Javier Solana explicó el deseo del Ejecutivo de dedicar en 1991 el 1,1% del producto interior bruto a tales cometidos, consiguiéndose en dicho caso una respetable equiparación con los países comunitarios- y una arraigada vocación funcionarial por parte de quienes a ella se dedican. Ante un nivel de remuneración muy bajo, la única ventaja es la condición de fijeza de los aspirantes a investigadores, lo que a su vez conlleva una notable falta de estímulos profesionales. En pocas áreas como en la de la investigación científica, el condicionamiento económico resulta más claro.
En 1988 se gastaron en España en investigación y desarrollo 300.000 millones de pesetas. El 55% correspondió a los organismos públicos y el resto a las empresas, tanto públicas como privadas. Este año se espera que el Estado gaste de forma directa 153.000 millones de pesetas. Todavía no es suficiente. En este sentido, el responsable de la política científica del Gobierno ha explicado reiteradamente a los empresarios españoles la necesidad de que tomen en serio las inversiones en investigación y desarrollo. El otro elemento esencial, el factor humano, parece gozar de mejores perspectivas cuantitativas -9.000 investigadores en el presente año, según informaciones oficiales- y unas lamentables tablas remunerativas, en tomo a las 80.000 pesetas mensuales.
Cuando las sociedades desarrolladas asisten a la consolidación de una nueva cultura, la tecnológica, en la que las innovaciones técnicas condicionan las nuevas relaciones sociales, cifras tan precarias sólo explican el alicorto concepto de los responsables de la política nacional. Los traumas sociales surgidos ante las reconversiones industriales -absolutamente necesarias, por otra parte- deberían servir de recordatorio para quienes no quisieron aceptar la evolución económica. El mundo desarrollado hace tiempo que entró en una nueva fase, en la que la revolución industrial es ya materia de estudio y archivo.
