'Dura lex'

EN LOS cerca de nueve años transcurridos desde que la policía irrumpió en el centro de planificación familiar Los Naranjos, de Sevilla, llevándose detenidas a las mujeres que aguardaban en la consulta, así como al personal sanitario y administrativo, e incautándose de los archivos en los que figuraban los nombres de 140 mujeres que supuestamente habían abortado en dicho centro, han ocurrido en España, entre otros, los siguientes hechos: el intento de golpe de Estado del 23-F; la muerte, en Almería, de tres jóvenes a los que se dijo haber confundido con miembros de ETA; el juicio del 23-F; el juicio del caso Almería, la doble victoria electoral del PSOE; la aprobación, en 1985, de una ley despenalizadora del aborto en determinados supuestos; la puesta en libertad de todos los condenados del 23-F menos dos; la adhesión de España a la CE; el procesamiento de Lola Flores por defraudar a Hacienda por importe de decenas de millones de pesetas; la exculpación penal de Lola Flores por los tribunales de justicia; la concesión de régimen abierto para el exteniente coronel Castillo Quero, condenado a 24 años de prisión como principal responsable del homicidio de tres jóvenes en Almería, y el procesamiento de ocho empleados de la clínica Los Naranjos, con petición fiscal de más de 22 años en total.Ayer se celebró en Sevilla el juicio contra esas ocho personas. Se trata de una noticia que nos remite de repente, a través del túnel del tiempo, a épocas que creíamos pasadas y, en todo caso, incompatibles con realidades como la presidencia española de la Comunidad Europea, el casi Oscar de Almodóvar o las OPA bancarias. Pero la España eterna no acaba de irse del todo: aquí está de nuevo, revestida esta vez de toga y amparada en una legislación que ya nació insuficiente y con retraso, y que no ha dejado luego de acreditar su incapacidad para responder a la realidad social -la mitad de los abortos realizados en España siguen siendo clandestinos- y para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Ninguna mujer recurre al aborto, una experiencia traumática en terminos psicológicos y afectivos, por gusto. Añadir esa inseguridad, que la lentitud de la Administración judicial puede prolongar durante años, al drama humano que con frecuencia se esconde tras el recurso al aborto constituye una crueldad y una injusticia. Especialmente si se recuerda que sigue siendo una realidad que las personas con recursos económicos para abortar en clínicas privadas del extranjero se verán a resguardo de esos traumas añadidos.

No dudamos de la legalidad del procesamiento, ni de que la pena de más de cuatro años solicitada por el fiscal para cinco de los procesados se ajuste a derecho. Tampoco, por ejemplo, que se haya respetado la normativa jurídica al conceder a Carlos Castillo Quero los beneficios del régimen penitenciarío abierto. Pero algo falla en el sistema cuando ambas cosas son simultáneamente posibles. La legislación sobre el aborto debe ser adaptada a la realidad social, sin que valgan ya excusas apoyadas en las reticencias de los sectores más reaccionarios de la opinión pública. Y si en otros casos se han hallado fórmulas que permitan conjugar el respeto a la formalidad legal -que es un bien social- con valores no menos valiosos propios de una sociedad abierta y tolerante, también ahora deben ser encontradas.