España planea un billete único para el transporte público que valga en todas las ciudades en 2026
La medida anunciada por el ministro de Transportes, que ya funciona en Alemania o Austria, consiste en un abono para viajar por todo el país por una cantidad a definir
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este jueves que su objetivo es crear un billete único para viajar por todo el transporte público de España a partir de 2026. La medida, que ya funciona en Alemania o Austria, consiste en un abono para viajar por todo el territorio nacional—normalmente, excluyendo los trenes de alta velocidad y larga distancia— por una cantidad mensual que en el país alemán es de 58 euros. Greenpeace lleva meses proponiendo esta iniciativa, que en su propuesta oscilaría de los 30 a los 49 euros al mes. En cualquier caso, su futura aplicación dependerá de una compleja negociación con los ayuntamientos y las comunidades autónomas, gestores de la mayor parte del transporte público urbano y metropolitano.
“El objetivo y el reto en 2026 es implantar el billete único en España, algo que tiene Alemania, que tiene allí ventajas y desventajas, y fallos que nos permiten aprender [de su experiencia]. Espero que en el año 2026 vayamos a esa medida que permita una mayor y mejor distribución de los recursos, generar comodidad en los usuarios, pero, sobre todo, volcar los esfuerzos en la calidad del transporte público”, ha señalado Puente, que ha participado en un desayuno del Foro de la Nueva Economía.
Álvaro Fernández Heredia, secretario general de Movilidad Sostenible del ministerio, explica a EL PAÍS: “Es medida que permite simplificar el acceso al transporte público, en el sentido de que con un solo billete puedas acceder a trenes, metros, tranvías y autobuses eliminando las barreras, porque a día de hoy usar el transporte público en una ciudad que no es la tuya se convierte en una yinkana”. En su opinión, “tener una tarjeta que te permita moverte por todo el territorio hará que sea más fácil el uso de la movilidad sostenible, y se convertirá en una buena solución para los usuarios, que atraerá más gente al transporte público”.
Este tipo de billete único arrancó con el billete climático que lanzó Austria en 2021. Allí, el precio es de 949 euros al año (unos 79 al mes), que permite usar todos los medios de transporte público del país (autobuses, tranvías, metros, trenes, trolebuses…). Además, por 110 euros más al año se permite al usuario viajar con hasta cuatro niños. La denominación de billete climático (klimaticket, en alemán) se refiere a que es una manera de hacer más atractivo el transporte público frente al coche, mucho más contaminante, y luchar así contra el cambio climático. Cuando se puso en marcha, incluyó la movilidad en seis Estados, mientras que otros tres Estados no se sumaron en ese arranque.
Precisamente la inclusión de todas las administraciones afectadas será el mayor reto de la iniciativa del Ministerio de Transportes, que tan solo es titular del servicio de trenes de Cercanías (Rodalies en Cataluña, del que es titular la Generalitat), así como de los trenes regionales y de media y larga distancia. El resto de transportes colectivos urbanos (autobuses, metros, tranvías e incluso bicicletas públicas) se gestionan o bien desde los ayuntamientos, o bien desde consorcios que dependen de las comunidades autónomas; así, la negociación se prevé compleja.
Otros países han apostado por este modelo. El mayor ejemplo es Alemania, que en el verano de 2022 creó un billete temporal por tan solo 9 euros al mes. El buen funcionamiento llevó a crear otro permanente, el Deutschlandticket (billete para Alemania), un abono que por 58 euros al mes (al inicio eran 49) permite usar todos los medios de transporte público del país —con excepción de los trenes de alta velocidad— independientemente de dónde se compre. El Gobierno federal y los 16 estados federales se comprometieron a cofinanciar a partes iguales el billete (pagan 3.000 millones anuales en total, 1.500 por organismo), que entró en vigor en 2023.
En España, lo más parecido hasta ahora son los abonos de transporte de las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, que por una cantidad mensual permiten moverse por todos los medios de transporte. En la capital, por ejemplo, arrancan en 55 euros y valen más cuanto más lejos se llegue, incluyendo en la tarificación Guadalajara y Toledo. Son esos abonos los que la subvención actual del Ministerio de Transportes ha permitido abaratar (el de Madrid vale 21,80 euros), pero la idea es sustituir esas subvenciones por el nuevo abono único en 2026. En los dos últimos años, el ministerio ha dedicado unos 2.000 millones anuales tanto a estas ayudas como a otras subvenciones al trasporte público, y la idea sería dedicar la mayor parte de ese dinero al nuevo abono único.
Fernández Heredia adelanta que la negociación no será sencilla: “Hay que tener en cuenta las distintas competencias. En general, el transporte público urbano depende de los ayuntamientos, el metropolitano de consorcios y comunidades, luego hay líneas de autobús que dependen del ministerio, así como servicios de trenes de servicio público [cercanías y media distancia]. Nuestro objetivo es ofrecer esta vía para integrarlos todos, pero hará falta que ayuntamientos y comunidades se adscriban”. Los servicios comerciales, como el AVE, quedarían fuera de la iniciativa.
200.000 firmas en apoyo de la medida
Greenpeace lleva desde septiembre de 2023 apostando por este nuevo modelo, con una campaña que ha logrado recabar ya más de 200.000 firmas. “El número de personas que utilizan el transporte público no para de crecer. Ahora, es necesario tomar medidas para que el transporte público sea asequible, más intuitivo y fácil de usar de forma permanente. Por eso reclamamos la puesta en marcha de un abono único de transporte, que hemos llamado T-Lleva”, explica Cristina Arjona, portavoz de movilidad de la ONG ambiental.
Para Arjona, “este abono único permitiría a los usuarios y usuarias acceder a todos los modos de transporte público con una tarifa plana (que podría oscilar de 30 a 49 euros al mes), facilitando la interoperabilidad entre los diferentes sistemas y eliminando las barreras tarifarias y administrativas entre regiones y comunidades. Esto no solo fomentaría una mayor adopción del transporte público, sino que facilitaría los desplazamientos en un país donde el coche sigue siendo protagonista fuera de las grandes ciudades”.
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