El Gobierno busca definir la pobreza en el transporte: billetes caros, pocas frecuencias y zonas incomunicadas

El Ministerio de Transportes ha lanzado un grupo de trabajo con otros 11 ministerios para elaborar una estrategia de lucha contra la pobreza en el transporte, uno de cuyos cometidos es elaborar una definición de este fenómeno. No se trata solo de contar con una renta baja, sino que puede incluir falta de transporte público o bajas frecuencias del mismo, trayectos muy largos, así como falta de opciones de movilidad —como ocurre en las zonas rurales—. El departamento no cuenta con estimaciones de cuántos ciudadanos se encuentran en esta situación, pero un trabajo previo del BC3 estima que hay medio millón de hogares vulnerables severos y al menos otros dos millones vulnerables. La futura estrategia, prevista para dentro de un año, deberá incluir medidas para paliar este fenómeno.

“Lo primero que necesitamos es una definición consensuada de qué es la pobreza en el transporte”, señala Álvaro Fernández Heredia, secretario general de Movilidad Sostenible del ministerio, que coordina el grupo. “A veces se vincula solo con los ingresos, pero va mucho más lejos: que dispongas de un transporte público eficiente vivas donde vivas, que tenga frecuencias y horarios para solucionar tu movilidad, que tengas opciones suficientes y puedas desplazarte sin coche, o que no pases un tiempo excesivo desplazándote. También tiene que ver con el tema ambiental, porque cuando se permiten entrar más coches se genera más contaminación, y eso a su vez te hace más vulnerable”, continúa.

Para buscar ese consenso, el departamento de Óscar Puente ha creado un grupo interministerial con representación de otros 11 ministerios, además de la Presidencia del Gobierno y una asesora científica. “La movilidad es una cuestión intermedia que afecta al acceso a muchos servicios esenciales, de la sanidad a la educación, pasando por muchos otros servicios públicos. También limita la autonomía de los niños. Por eso es importante incorporar la visión más amplia posible”, comenta el portavoz ministerial. Además, se ha abierto una consulta pública —hasta el 15 de enero— para contar con sugerencias de la sociedad y de otras administraciones.

Mientras llega esa definición, el Parlamento Europeo ha emitido su propuesta en un reciente informe: “Un individuo u hogar se encuentra en pobreza de transporte cuando no tiene opciones de transporte público o privado adecuadas disponibles, o cuando el sistema de transporte limita el acceso a otros bienes y servicios esenciales, o bien cuando tiene dificultades o no puede hacer frente a los gastos de transporte”.

La ONG Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) también ha elaborado otra: “La incapacidad o dificultad de las personas y los hogares para hacer frente a los costes asociados a los sistemas de transporte privado o público, su falta de acceso o su acceso limitado a aquellos medios necesarios para poder desplazarse en su vida cotidiana a los servicios y actividades socioeconómicos esenciales”.

Xaquín García-Muros, investigador del Basque Centre for Climate Change (BC3), lleva más de dos años trabajando en metodologías para medir este fenómeno: “Estimamos que en 2022 había un 3,4% de los hogares en situación de vulnerabilidad severa en el transporte, es decir, unos 650.000, mientras que en 2023 esa cifra ha bajado al 2,6%, alrededor de medio millón”, lo que supone entre 1,3 y 1,8 millones de personas. “Se debe a la bajada de los precios de los carburantes de un año a otro y a las ayudas del Estado al transporte público”, afirma.

Indicadores fiables

Precisamente otra de las labores del grupo interministerial es hallar indicadores fiables para medir esta pobreza. “Por ahora hay pocos datos y, en general, solo hablan de rentas asociadas al transporte. Pero hay que tener una visión más amplia e integral. Por ejemplo, el mundo rural es más susceptible de padecerla porque suele estar peor comunicado, y muchas veces sin accesibilidad para llegar hasta los servicios públicos esenciales en un tiempo razonable”, apunta Fernández Heredia.

Cristian Quílez, portavoz en movilidad de Ecodes, tercia: “El transporte es el tercer gasto más importante de las familias, solo por detrás de la vivienda y la alimentación, y consume el 10% de los recursos de los hogares”. En colaboración con el BC3 y otros investigadores de diferentes instituciones, han calculado en otro trabajo que alrededor de dos millones de hogares (sobre el 10% de la población) tienen una carga excesiva al pagar su movilidad —lo que consideran vulnerables—.

Dentro de un año, el grupo interministerial debe definir medidas para mitigar y prevenir este tipo de pobreza, desde ayudas económicas para personas vulnerables a aspectos regulatorios para facilitar el transporte en los pueblos, o la inversión en infraestructuras o nuevos servicios. “Se podrían definir políticas de tarificación, como los descuentos para ciertos colectivos, transporte a demanda en zonas rurales o un impulso a las frecuencias del transporte urbano, ya que de poco sirve si un metro o un tren pasa por tu casa si luego las frecuencias no son útiles para tu movilidad”, dice el portavoz ministerial.

Por su parte, Ecodes propone diferentes medidas, como resume Quílez —y trasladarán al ministerio—: “Un billete único de transporte personalizado para garantizar la intermodalidad [la combinación de medios de transporte], un bono social para los hogares vulnerables y transporte gratis para los menores de ocho años. Para los entornos rurales, pedimos un leasing social de coches eléctricos para hogares de clase media y baja, así como transporte a demanda y opciones de coche compartido”.