En el banquillo

SEIS AÑOS después de la expropiación de Rumasa, su creador, José María Ruiz-Mateos, comparecerá dentro de unos días ante la Audiencia Nacional para responder de los dos delitos de falsificación por los que los tribunales de la República Federal de Alemania concedieron su extradición, hace ahora tres años. Muchos de los problemas que a lo largo de estos años han alimentado todo tipo de especulaciones y desconfianzas respecto a la polémica decisión expropiatoria se hubieran evitado si la justicia hubiese actuado con mayor diligencia. Seis años es demasiada demora para asunto de tanta trascendencia. Pero también es verdad que el propio empresario, que se ha llenado la boca proclamando su deseo de ser juzgado cuanto antes, contribuyó no poco a entorpecer la marcha del sumario con su huida, primero a Londres y más tarde a la RFA, y que hizo cuanto pudo por evitar la extradición solicitada ante las autoridades de dicho país. Como lo es que sus querellas y denuncias contra personajes públicos, sus insinuaciones y veladas amenazas contra las más altas instituciones del Estado, sus arremetidas contra el Opus Dei, sus desplantes ante jueces y magistrados forman parte de una estrategia de la confusión -todos son iguales- tendente a anegar en un mar de conjeturas imprecisas las graves acusaciones que recaen sobre él.Tampoco puede decirse que su huida al Reino Unido y a la República Federal de Alemania fueran improvisaciones sin sentido. Con el primero de esos países no existe convenio de extradición, y la legislación del segundo en materia de delitos económicos y fiscales permitió al audaz hombre de negocios esquivar -al menos de momento- una parte sustancial de sus responsabilidades. La extradición concedida lo fue por tan sólo dos de los ocho delitos que se le imputaban. De esos dos delitos, ambos de falsedad en documento mercantil y manipulación contable, deberá responder ahora ante la Audiencia Nacional, que no podrá juzgarle por asuntos como no hacer efectivas a Hacienda, durante cinco años, las cantidades retenidas del IRPF (un presunto fraude de 20.000 millones de pesetas); impago de cuotas de la Seguridad Social (unos 11.000 millones); evasión de divisas (unos 25.000 millones); etcétera. No obstante, la ley española permite el procesamiento, por esos u otros posibles delitos no contemplados en la concesión de extradición, 45 días después de la sentencia.