Jesús Espelosín: "La sentencia es un revés político"

El concejal de Urbanismo, Jesús Espelosín, reconoció ayer que la reciente sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid por la que se anulan parcial o totalmente 11 artículos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM) "es un revés político para el Ayuntamiento", aunque no incide en el programa de viviendas sociales. La resolución de la Audiencia ha sido precedida por dos sentencias del Tibrunal Supremo. La Sala Cuarta falló en junio de 1987 contra una de las directrices utilizada para el PGOUM. Posteriormente, la 1 ala Tercera del mismo tribunal declaró legal la directriz.

Espelosín anunció que la asesoría jurídica del Ayuntamiento prepara el recurso ante el Tribunal Supremo para apoyar a la Comunidad de Madrid y la sentencia no será firme hasta que se resuelva la apelación. El responsable de Urbanismo aseguro que existen sentencias contrarias y habrá que esperar la decisión del Supremo. "De todas formas, la resolución de la Audiencia no dice que las cuestiones anuladas [la reparcelación económica y asignación de suelo para viviendas socieles] sean buenas o malas. Sólo dice que falta una cobertura normativa para su aplicación", dijo.La sentencia de la Audiencia va en la misma línea que la dic tada el 1 de junio de 1987 por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Según dictaminó el Su premo entonces, no era confórme a derecho la directriz número 17, fijada por la Administración, y utilizada para revisar el Plan General de Madrid. Esta directriz indica que los planes generales "introducirán las determinaciones necesarias" para favorecer la construcción de viviendas de protección oficial, "a efectos de evitar la segregación social". La Sala Cuarta del Supremo, presidida por el magistrado Paulino Martín, estableció que con la normativa vigente, el planeamiento no puede, al ser un reglamento, "abrir nuevos cauces limitando la propiedad privada", que debe ser regulada por ley según la Constitución.

Nueve meses después, la Sala Tercera del alto tribunal, presidida por Rafael Mendizábal, debatió un nuevo recurso sobre la legalidad de la directriz número 17. Sin embargo, a diferencia del caso anterior, la Sala Tercera del Tribunal Supremo estableció que la citada directriz no obliga a reservar suelo para la construcción de viviendas de protección oficial, sino que sólo intenta favorcer su construcción. Por lo tanto, es conforme a derecho. Espelosín aclaró que el pasado 21 de octubre la asesoría jurídica del Ayuntamiento ya redactó un informe en el que se advertía de los riesgos que podía suponer para la política de viviendas sociales una sentencia contraria a las tesis de los redactores del plan. Este informe fue solicitado, según aclaró el mismo Espelosín, después de que en julio de 1988 el PSOE llevara al Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo una propuesta para expropiar los terrenos de todos aquellos promotores privados que acabado el plazo fijado por el Plan General, no habían construido las viviendas de protección oficial determinadas por el planeamiento.

Esa propuesta de expropiación fue retirada a instancias del Partido Popular y el Centro Demecnitico y Social, cuyos representantes pidieron a Espelosin que abriera una negociación con los propietarios del suelo. Ante ello, se iniciaron las conversaciones y se solicitó el informe a la asesoría jurídica. "Con todo este bagaje comenzamos a negociar y fruto de ello han sido los convenios que permiten al Ayuntamiento ofrecer suelo pa a construir 18.000 viviendas sociales".

Espelosín afirmó que la sentencia ti mpoco afectará a las 12.000 viviendas de promoción pública 1 revistas ni a las 6.000 que cons ruye la Comunidad en Vallecas "Desconozco cómo va a afectar al polígono de Valdeberniti Jo, en el que la Comunidad tiene previsto construir otras 5.400 viviendas. No he podido estudiar la sentencia"`. Sin, embargo, Francisco Herrera, portavoz de Izquierda Unida, aseguró ayer que la sentencia no afectará tampoco, a Valdebernardo. Para ello se apoyó er la misma tesis defendida por el consejero de Política Territorial, Eduardo Mangada, según la cual la sentencia sólo afecta al suelo urbanIzable program ido, mientras Valdebernardo es suelo urbanizable no programado. Herrera anunció que también IU se presentará como parte coadyudante en el recurso ante el Supremo y que también actuará conjuntamente con el equipo de Goblerno ante el anunciado recurso del PP en contra el acuerdo municipal sobre Valdebernardo.

Espelosín afirmó también que si al final el Supremo confirmara la la sentencia de la Ayudiencia, habría que devolver los 3.571 rnil ones de pesetas ya cobrados por la reparcelación económica así como los 4.070 millones que se esperan ingresar por este concepto en el próximo cuarienio. "Si hubiera que devoIver este dinero, ello afectaría poco a la econornía municipa _", añadió.