El frente interior

ENTRE LAS urgencias de la negociación con los sindicatos y las obligaciones derivadas de la presidencia española en la CE, el presidente del Gobierno, Felipe González, ha hallado un hueco para invitar a la Moncloa, pocas horas después de recibir al presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, al presidente de Castilla y León y portavoz del Partido Popular (PP) para las cuestiones autonómicas, José María Aznar, y ofrecerle la apertura de negociaciones para una nueva fase del desarrollo del Estado de las autonomías. Felipe González parece inaugurar así una etapa de mayor atención al frente interior, que coincide, no casualmente, con las conversaciones en Argel con ETA. Con todo, el único dato concreto sobre estas conversaciones es la voluntad política de convocarlas.A los 10 años de la aprobación de la Constitución, la organización del Estado de las autonomías es todavía una cuestión abierta y, conflictiva, y no únicamente en las dos autonomías de mayor arraigo, la vasca y la catalana. De hecho, se presenta una doble perspectiva: la de un Estado que se organiza en seis o siete comunidades con un nivel relativamente alto de competencias y otras 10 u 11 que disponen de funciones puramente simbólicas y son, por tanto, administradas directamente desde Madrid; o la equiparación paulatina, aunque difícilmente total, de las competencias de este segundo bloque de comunidades hasta el nivel de las primeras, en una uniformización autonómica por arriba y no por abajo, como se pretendía con la felizmente fracasada ley de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Esta última opción de armonización por arriba, que es la lógica, lleva a la eliminación de escalones administrativos y a la reforma y reducción de la Administración periférica del Estado (gobernadores civiles, principalmente).

Para emprender este camino, Felipe González ha elegido el único método congruente invitando al principal partido de la oposición a comenzar negociaciones para un nuevo acuerdo sobre desarrollo autonómico como primer paso para un diálogo con los restantes partidos. Hasta ahora, el Gobierno alegaba que la inexistencia de un interlocutor estable, capaz de compartir a corto y medio plazo la responsabilidad de aplicar los hipotéticos acuerdos, hacía imposible la apertura de negociaciones. El gesto presidencial es consecuencia también de la voluntad de agotar la legislatura y, al mismo tiempo, tiene que ver con la necesidad que los socialistas sienten de llegar a las próximas elecciones con un panorama autonómico despejado de incertidumbres. Para conseguirlo plenamente, los socialistas debieran evitar el acuerdo autonómico bilateral, al estilo del de la LOAPA, para asociar a otras formaciones, principalmente las de mayor peso en el desarrollo autonómico, como es el caso de Minoría Catalana o el PN-V.

En este contexto, y en aplicación de otra de las resoluciones del debate sobre el estado de la nación, deberá procederse también al retoque de algunos aspectos del reglamento del Congreso de los Diputados, que abriría probablemente la puerta para la reforma del reglamento del Senado, fórmula con la que se pretende facilitar la conversión de la Cámara alta en foro para la participación de las comunidades en la formación de la denominada voluntad general del Estado.