Húndase el mundo ...
EL DESCUBRIMIENTO de que varios aviones de Iberia han podido ser intencionadamente manipulados, poniendo en grave peligro la seguridad del tráfico aéreo, ha extendido la aprensión y la zozobra entre los usuarios y está dañando la imagen internacional de la línea de bandera española en un momento en que la compañía estaba saliendo de la grave crisis que la afectó en los últimos años. Tal es el grado de locura y de irresponsabilidad que se desprende de la conducta criminal del autor o autores de lo que tiene todas las apariencias de un sabotaje continuo y sistemático, que es urgente que la investigación judicial en curso clarifique cuanto antes esta situación, despeje incógnitas y confirme o elimine sospechas. La circunstancia de que este posible sabotaje -la dirección de la compañía ha constatado ocho manipulaciones en la flota de aviones DC-10 y Boeing 747, utilizados en vuelos transoceánicos haya coincidido con la huelga que desde hace más de dos meses mantiene la Asociación Sindical Española de Técnicos de Mantenimiento de Aviones (ASETMA) no hace sino añadir mayor confusión a una situación ya de por sí tan inquietante. La dirección del sindicato se ha apresurado a negar cualquier relación entre la huelga que mantiene en petición de un convenio franja específico para sus afiliados y las acciones del posible sabotaje. Es difícil imaginar, en efecto, que cualquier sindicalismo, por más gremialista que sea su forma de actuar, se ciegue hasta el punto de poner en peligro la subsistencia de la empresa, de atentar contra la vida y la seguridad de los ciudadanos y, en definitiva, de traspasar tan gravemente los límites mismos del Código Penal. Ni se concibe tampoco que pueda haber trabajador alguno, sindicalmente afiliado o no, que ante la imposibilidad de conseguir sus reivindicaciones recurra a la táctica de tierra quemada, del "húndase el mundo y yo con él". Los técnicos de mantenimiento aducen en su descargo que cualquier persona, además de ellos, puede tener acceso a los aparatos estacionados en los hangares; pero el desarrollo de los acontecimientos ocurridos hasta ahora no les elimina, ni mucho menos, del elenco de sospechosos.Para la dirección y el personal de Iberia, para los usuarios de sus servicios y para los ciudadanos en general es indispensable que la investigación judicial llegue hasta el fondo y, si se descubre que ha habido sabotaje, se castigue con todo el peso de la ley al culpable de tan inconcebible acción. Sólo así la compañía podrá recomponer su maltrecha imagen; los usuarios, recobrar la confianza, y los ciudadanos, comprobar fehacientemente que no se puede impunemente jugar con la vida de centenares de personas. Pero aun así, la grave situación a la que actualmente se enfrenta Iberia seguirá en pie. El presidente de la compañía, Narcís Andreu, que ayer compareció ante las Cortes, ha cifrado en casi 6.000 millones de pesetas el quebranto económico producido por la huelga de los técnicos de mantenimiento y en 140.000 los pasajeros perdidos por la disminución de los vuelos. A ello hay que añadir los más de 500 millones perdidos por la suspensión cautelar de los vuelos transoceánicos desde el 22 de febrero hasta hoy mismo ante las anomalías detectadas en algunos de los aviones. Es obvio que esta situación es insostenible, pero no se concibe fácilmente cómo salir de ella si no se encuentran sistemas para contrarrestar la acción de unos sindicatos cuyas ventajistas acciones de presión derivan exclusivamente de la privilegiada posición que ocupan en la cadena de producción.
El ejemplo de Iberia es, en todo caso, un aviso de adónde puede conducir la falta de un sindicalismo fuerte que asuma el papel de interlocutor responsable en los conflictos sociales. Una carencia que en los últimos meses ha sido contemplada incluso como un signo positivo desde algunas instancias cercanas al poder.
