Inesperados defensores de la capa de ozono

A la capa de ozono del planeta Tierra le ha surgido de repente un montón de inesperados defensores, pero, a pesar de sus ansias por protegerla, cada uno de sus valedores -entre los que figuran ahora los jefes de Gobierno del Reino Unido y de Francia, Margaret Thatcher y Michel Rocard, respectivamente, y el ministro español de Obras Públicas, Javier Sáenz Cosculluela- actúa por su cuenta, sin coordinar su actuación con los demás.

En primer lugar, por orden cronológico, el titular español de Obras Públicas, que preside el Consejo de Ministros de Medio Ambiente, someterá el jueves a sus homólogos una resolución, que muy probablemente adoptarán, comprometiéndose a reducir la producción de clorofluorocarbonos (CFC), de aquí a 1998, en un 85%, una medida a la que España se oponía hace sólo tres meses.La dama de hierro fue, sin embargo, la primera en tomar una iniciativa, imitada después por su homólogo galo, que, curiosamente, comparte con la primera ministra una cierta mala fama por su escasa atención a los problemas medioambientales. Pero, lejos de suscitar un entusiasmo unánime, las convocatorias de Thatcher y Rocard están generando agrias polémicas.

Amparándose en el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), Thatcher ha organizado en Londres, del 5 al 7 de marzo, una conferencia ministerial sobre clorofluorocarbonos a los que se considera en parte responsables del daño causado al ozono, junto con el gas dióxido de carbono (C02), del que no se hablará en la capital británica. El Reino Unido y España fueron, paradójicamente, los Estados miembros que más se resistieron en la Comunidad Europea (CE) a reducir esas emanaciones, provocadas por la combustión de ese combustible fósil.

Una indiscreción en la Prensa holandesa reveló a continuación que Rocard había convencido a dos homólogos suyos, conocidos por su defensa del medio ambiente -el holandés Rutid Lubbers y la noruega Gro Harlem Brundtland-, de la necesidad de reunir una conferencia mundial, de nivel de jefes de Gobierno, sobre un objetivo más ambicioso aún que el de Thatcher: la destrucción de la capa de ozono y el consiguiente efecto invernadero. Elegidos a dedo por los tres organizadores, los jefes de Gobierno de 23 países han sido invitados a asistir el 11 de marzo, en el Palacio de la Paz de La Haya, a la conferencia que, según el comirnicado que anuncia su celebra ción, concluirá con una declaración conjunta, dirigida a todos los "Estados del planeta", en la que se propondrá "dar una nueva y más decidida dimensión a la cooperación mundial, bajo el patrocinio de las Naciones Unidas, en materia de medio ambiente y especialmente de defensa de la atmósfera".

Faltan invitados

Entre los convidados figura el presidente del Gobierno español, Felipe González, que ha dado su acuerdo de principio, pero ninguna invitación ha sido cursada a EE UU o a la URSS, ni a países comunitarios como Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Grecia y Portugal. Zimbabue, Senegal, Costa de MarFil, Túnez o Jordania sí han recibido, en cambio, invitaciones.

El rotativo holandés Het Parool asegura incluso que en La Haya propondrá Rocard la creación de "una autoridad supranacional para luchar contra los delitos medioambientales", una idea formulada por el presidente François Mitterrand hace unos dias enel curso de una intervención en televisión, y, a nivel comunitario, por Jacques Delors, presidente del Ejecutivo europeo.

Si la ausencia de ambas superpotencias no deja de ser curiosa en una conferencia a la que sus organizadores pretenden dar un carácter mundial, la de varios miembros de la CE es aún más llamativa, porque, como recordaba la semana pasada un comunicado del Gabinete del primer ministro belga, Wilfried Martens, en el Acta Unica los doce se han "especialmente comprometido a no desarrollar actuaciones que perjudiquen su eficacia y coherencia en el escenario internacional".

Preparada en tan sólo un mes, la iniciativa de los tres jefes de Gobierno -dos de los cuales pertenecen a la Comunidad"acarrea el riesgo", según prosigue el comunicado de Bruselas, "de que la acción de la CE dé la impresión de fragmentarse ante los ojos del mundo exterior", una opinión compartida, hasta ahora en voz baja, por los demás Estados comunitarios que no acudirán a la cita.

No en balde, el portavoz de la Comisión Europea, Klaus Elilermann, recordaba la semana pasada que ningún Estado miembro podrá el día 11 de marzo suscribir compromiso alguno, porque la política de medio ambiente es competencia comunitaria. Para evitar acaso realzar con su presencia la reunión de La Haya y deslucir así, comparativamente, la suya de Londres, el Reino Unido no ha contestado a la írivitación que le enviaron Rocard, Lubbers y Brundtland.

El brusco cambio de actitud de Rocard también llama la atención. En noviembre, Francia era, junto con España, el único miembro de la CE que se oponía en un Consejo de Ministros de Medio Ambiente a ir más allá del Protocolo de Montreal, que prevé una reducción del 50% de la producción de CFC, perjudicial para el ozono, pero tres meses después promueve una conferencia solemne sobre el tema.

Acaso para no quedarse solo en la CE o evitar que ésta sea desbordada por los foros convocados por Thatcher y Rocard, Sáenz Cosculluela ha modificado su actitud desde el otoño y propone ahora la reducción del 85% en la producción de CFC.