Cualquier reajuste en gastos sociales deberá pasar por las Cortes

EL PAÍS El presidente del Gobierno condiciona cualquier reajuste de las partidas presupuestarias sobre gastos sociales a una previa discusión con las fuerzas parlamentarias y su aprobación por las Cortes, en una norma que -aunque no lo especificó- habrá de tener rango de ley. Tras el fracaso de las negociaciones con los sindicatos, las salidas que González ve a la situación son las siguientes:

- Si los sindicatos aceptan todavía la oferta de 369.000 millones -última puesta por el Gobierno en la mesa de negociaciones-, "el Ejecutivo propondría a las Cortes el ajuste de las prioridades actualmente fijadas en el Presupuesto del Estado para 1989", y "trataría de averiguar si hay mayor margen en los ingresos públicos para atender esos gastos", que en ningún caso pueden financiarse con el incremento del déficit o de la presión fiscal.

- Si los sindicatos no aceptan esa oferta global, "el Gobierno cumpliría exactamente sus promesas del 21 de diciembre, con un esfuerzo de alteración de prioridades y de ajuste, que lógicamente será menor de lo que se ha ofrecido durante la negociación con las centrales sindicales".

Esa oferta del 21 de diciembre fue explicada en la Cámara por el jefe del Gobierno. Consiste en equiparar las pensiones mínimas al salario mínimo, lo cual supone 135.000 millones de pesetas para este año y el de 1990, según la cuantificación realizada ayer por el propio presidente del Gobierno. El 21 de diciembre, González habló de incrementar la cobertura del desempleo y reponer el poder adquisitivo perdido por los funcionarios a causa de la desviación de la inflación, puntos estos últimos no cuantificados ayer por el presidente ni tampoco por el ministro de Trabajo, Manuel Chaves, que fue preguntado al efecto en los pasillos del Congreso.

La oferta del día 21 se completaba con la aceptación del derecho a la negociación colectiva de los funcionarios, condicionada a su aprobación final por el Parlamento.

González afirmo" ayer que hay que sumar a todo ello los planes de empleo todavía pendientes, que supondrán "una nueva carga para el Estado. Si se consigue algún acuerdo en la mesa correspondiente, que aún no se ha reunido, tal vez por esa vía pueda atenderse a una parte de los parados. Una estimación mínima hace pensar en un coste de 100.000 millones de pesetas". "Si se pone sobre la mesa lo que se ha ofrecido sin garantías de mantener la paz social, habríamos roto ésta para siempre".