Los ases en la mano

NADA DE lo que está ocurriendo en Paraguay tras el golpe militar que derrocó, a principio de mes, al viejo tirano Alfredo Stroessner se comprendería si se olvida que la dictadura personal que aquél ejerció durante 35 años se ha sustentado en un sistema político-institucional que ha permanecido intacto tras su caída y que será harto improbable modificar a corto y medio plazo. El Partido Colorado, al que pertenecía Stroessner y en el que milita su sucesor, ha monopolizado las instituciones casi desde tiempo inmemorial, a pesar del mantenimiento de algunas formalidades democráticas (existencia de partidos, celebración periódica de elecciones), frente a una oposición debilitada y dispersa, cuando no obligada a tomar el camino del exilio. Sólo disensiones internas en el partido en el poder (una especie de PRI a la paraguaya) fueron capaces, en última instancia, de mover la silla del anciano dictador.Es muy probable, pues, que el general Rodríguez no estuviera mintiendo cuando prometió a su país la realización de elecciones libres y la restauración de los derechos ciudadanos. Es un lujo que el Partido Colorado puede permitirse sin correr grandes riesgos. Casi con toda seguridad, sus candidatos no necesitarán del pucherazo para confirmar un poder que, hoy por hoy, nadie está en condiciones de disputar. De forma que, o la transición hacia una democracia plena, por más que sea muy doloroso para sus innumerables víctimas, la conducen los representantes del antiguo régimen, o será prácticamente imposible hacerla en su contra. Una aparente paradoja que dejaría paralizados a muchos demócratas, dentro y fuera de Paraguay, si no fuera porque existe un antecedente inmediato, la transición española, cuyos resultados deberían alentar a quienes hoy se muestran razonablemente pesimistas sobre la evolución de la situación en aquella atribulada república. Aun con esta esperanza, es irremediable poner en cuarentena las intenciones democratizadoras del general Rodríguez y de su partido si persisten en su propósito de celebrar las primeras elecciones generales de la nueva etapa en un plazo tan corto como el próximo día 1 de mayo. La primera regla de oro de cualquier democracia es que los distintos oponentes puedan concurrir a los comicios en igualdad de condiciones. En tan poco tiempo, la oposición -muchos de cuyos representantes acaban de salir de la cárcel o aún no han regresado del exilio- no dispone de margen suficiente para levantar una plataforma política con un mínimo de posibilidades. El Acuerdo Nacional es, por el momento, apenas un conglomerado heterogéneo y poco estructurado de pequeños partidos disidentes y de personalidades individuales. Sería necesaria una etapa previa en la que, con la restauración plena de las libertades de asociación, opinión y prensa, los grupos opositores tuvieran la oportunidad de hacer llegar su mensaje político a una opinión hasta ahora cultivada por el poder en régimen prácticamente de monopolio.

Durante esa etapa sería imprescindible igualmente modificar una ley electoral hecha a la medida del depuesto dictador y del partido en el poder. Para empezar, el censo debería adecuarse a la realidad política del país. Hoy, la mayoría de los opositores no figuran en él, ya que, tras décadas de elecciones trucadas, muchos de estos ciudadanos declinaron su inscripción en las oficinas electorales; entre ellos, el principal dirigente del Acuerdo Nacional, Domingo Laíno, que se vería privado de su derecho a votar o ser elegido si el censo no se renueva. Por otra parte, la ley prohíbe la formación de coaliciones electorales, por lo que, frente al poderoso bloque colorado, la oposición no podría oponer sino una constelación de débiles candidaturas. Por último, de acuerdo con la ley en vigor, a las candidaturas que obtengan la mayoría simple se les atribuyen dos tercios de los escaños. Demasiadas ventajas para un partido que ya dispone de casi todas. Sería como hacer trampas cuando se tienen todos los ases en la mano.